Eduardo Salas C. / Abogado DDHH. / Derechos Humanos Sin Fronteras.
Desde que en el Perú se instaló una Dictadura encabezada por Dina Boluarte, cuyos agentes estatales, en 50 días, violaron generalizada y sistemáticamente los derechos humanos, provocando más de 60 muertes que afectaron fundamentalmente a los pueblos indígenas en el sur del Perú, continua un régimen que se niega a entregar al pueblo la soberanía y reestablecer la democracia con elecciones libres.
Juliaca, Ayacucho, El Cuzco, Lima, ciudades y pueblos, sufrieron una brutal embestida de aquellos que actuaron falsamente en nombre de la democracia y de la libertad, atropellando a los peruanos en sus derechos fundamentales. Terruquean y exterminan a los peruanos que protestan por una verdadera democracia. Los acusan de terroristas y lo que piden los pueblos es que el gobierno se retire, que se elija un nuevo congreso, que se reestablezca el poder constituyente, y que se acabe la dictadura.
Ahora, cuando la Fiscalía Nacional amenaza con realizar todas las investigaciones para determinar la responsabilidad de la dictadura y sus agentes, en especial, la presidenta de la República Dina Boluarte, esa dictadura reacciona creando un ambiente de cuestionamiento a las labores de los fiscales, creando con ello incertidumbres difíciles de aclarar. La Confederación de trabajadores del Perú –CGTP- en declaración fechada este 27 de noviembre dice “La mafia aferrada en el poder se hunde en contradicciones e intereses insalvables pues un sector de ella, frente al accionar de un “equipo especial” contra la fiscal de la nación, ha reaccionado formulando una tardía acusación constitucional contra el gobierno golpista y usurpador der su hasta ahora aliada Dina Boluarte, por los asesinatos cometidos durante las protestas contra su régimen”.
Lo anterior también aconteció gravemente en Bolivia con la instalación de Janina Añez y ahora está en la cárcel. Violaciones generalizadas se vivieron también en Chile durante los tristes días de octubre de 2019 en que fueron mutilados los ojos de tantos chilenos y chilenas.
Así, las democracias sudamericanas se vuelven frágiles y débiles frente a reacciones atávicas y oligárquicas que al ver amenazados sus privilegios utilizan todos los instrumentos que controlan, tales como los medios de comunicación, instituciones estatales, fuerzas armadas y policiales, para combatir a los ciudadanos, generándose un ambiente totalmente propicio para que los derechos humanos se vean gravemente violentados. Ya no precisan de dictaduras militares como en las décadas pasadas de siglo XX.
Ahora, usan todo lo que les permite el control social y económico de la sociedad, incluso el control de la labor judicial, con una intervención descarada, para, no sólo detener los avances sociales y políticos, sino que para desarrollar un proceso regresivo de la sociedad.
Entonces, la sociedad política, el cuerpo político, queda diluido democráticamente para ser reemplazado por una sociedad controlada y dirigida por fuerzas oligárquicas y antidemocráticas que intervienen e instrumentalizan a toda la clase política de nuestros países, impidiendo que se desarrolle una sociedad y comunidad política y social que alcance mayores niveles de justicia social e igualdad esencial.
El Estado se vuelve un ente que se pone al servicio de un determinado modelo económico y una cierta forma de la estructura política que esté al servicio de unos pocos privilegiados. Entonces, cuando se producen protestas sociales, revueltas, y manifestaciones de la ciudadanía que no está conforme con la indignidad e injusticia a la que ha sido sometida, comienzan las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, atentando contra la vida, la integridad física y síquica de las personas, la integridad sexual y la dignidad de género, los derechos de los pueblos indígenas. Aparecen constantes atentados a la libertad de expresión, en algún lugar se practica la tortura, comienzan las ejecuciones extrajudiciales con apariencia de legalidad. Se usan, como lo hace Dina Boluarte, con la Fiscalía de la Nación, todos los medios para encubrir los delitos de lesa humanidad cometidos por la Dictadura.
Muy lejos estamos de la conquista de la humanidad que a mediados del siglo XX, respondiendo a las atrocidades de las guerras mundiales y de los regímenes políticos autocráticos, estableció que la base de todo sistema político son los derechos de la persona humana, porque se comprendió que los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado y que no hay circunstancia ni contexto alguno que permita justificar su violación generalizada y sistemática, como ha venido ocurriendo en Sudamérica en los últimos años en pleno siglo XXI.