MARÍA ALEJANDRA DÍAZ MARÍN, Abogada Constitucionalista
Para llegar al sistema electoral que se configuro en la Constitución de 1999 tuvimos que recorrer un largo camino, época en que se limitaron los derechos políticos de determinados grupos: mujeres, analfabetas, por razones económicas o aquéllas que incluyen razones de índole racista. Venimos de un sistema electoral dónde los votos que obtenían partidos como el PCV eran confiscados y repartidos entre Acción Democrática (AD) y COPEY, ambos convertidos en maquinaria infernal operadora de un sistema electoral artífice de la captura del Estado.
Democracia representativa ejercida sólo a través de partidos políticos como actores esenciales, donde el pueblo era «consultado» cada 5 años para elegir a sus autoridades. Con la Constitución de 1999 el ejercicio de la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público, ese fue un cambio sustancial y determinante hacia la búsqueda y consolidación de un modelo de democracia participativa y protagónica.
En el periodo 1999-2009 el Presidente Hugo Chávez se empeñó en construir un sistema electoral transparente, expedito y auditable, con la aprobación de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (1997 y luego en 2009) se inició un proceso de renovación del proceso electoral venezolano. En esta ley se consagraron tres innovaciones importantes: la automatización de los procesos electorales, la despartidización de los organismos electorales y la consagración del referéndum consultivo, abrogatorio, revocatorio y aprobatorio de alcance nacional.
Todo este sistema electoral ha sido «ajustado» a partir de la pérdida de la Asamblea Nacional en 2015, para garantizar el objetivo de ganar elecciones y hacerlo de manera aplastante el Gobierno ha implementado desde 2017 mecanismos y estrategias que le han servido para erigirse victorioso. A continuación, mencionaremos algunas estrategias que han definido a los procesos electorales venezolanos en el período comprendido entre 2017 y 2021 y que están siendo aplicadas para las próximas elecciones del 2024:
1. Divide y vencerás. Utilizar la máxima de fraccionar a la oposición, incluyendo negociaciones con sectores colaboracionistas que den la sensación de «amplitud» y «pluralidad» para garantizar que no haya reales competidores.
2.- Ausencia de un árbitro electoral independiente, pues como es público y notorio, todos los miembros del CNE son activistas del gobierno o de la oposición colaboracionista.
3.- Creación de una oposición a la medida (colaboracionista) y útil a los fines de cohabitación con el gobierno y sus negocios.
4.- Judicialización de partidos políticos, anulación de partidos inscritos que no sean afines al gobierno, bien sea mediante intervenciones judiciales, habilitación de partidos con juntas interventoras ad hoc a través del TSJ o simplemente alianzas para co-gobernar. Decisiones judiciales que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales a facciones internas que las utilizaron para presentarse a las elecciones.
5.- Desde 2022 el CNE no da respuesta a las casi 300 solicitudes de nuevos partidos o reserva de nombres para organizaciones con fines políticos (Silencio administrativo absoluto).
6.- Criminalización de disidentes, Inhabilitación política arbitraria de candidatos incómodos, enjuiciamientos, detenciones, campañas de odio y estigmatización de todo aquel que critique o pretenda declararse independiente del control gubernamental.
7.- Modificaciones arbitrarias a la normativa electoral, eliminación de la representación de las minorías.
8.- Cambios continuos en el cronograma electoral, generando incertidumbre y falta de preparación para participar en cualquier evento electoral.
9.- Migraciones no autorizadas de grupos de votantes a otros centros electorales sin autorización o previa solicitud, pero sólo en aquellas mesas donde pierde el partido de gobierno y en centros electorales dónde habitualmente pierden.
10.- Manipulación de electores usando para ello los beneficios del CLAP y otros programas sociales; chantajes, amenazas, presiones a empleados públicos incluyendo las amenazas de grupos colectivos organizados en las zonas populares.
11.- Uso y abuso de recursos públicos para propaganda electoral y un acceso desigual a los medios de comunicación.
12.- Ausencia del Estado de Derecho y falta de independencia del poder judicial.
13.- Manipulación del diseño de las Circunscripciones Electorales para asegurar un mayor número de representantes aun cuando se obtengan menos votos.
14.- Otros factores que distancian al sistema electoral venezolano de los criterios de independencia, imparcialidad y transparencia: Opacidad en el Registro Electoral Permanente, no facilitar la inclusión de los nuevos votantes en el Registro Electoral, imposibilidad de inscripción e impedimento del voto en el exterior y la arbitraria alteración de las fechas electorales.
15.- Instalación de puntos de control cerca de los centros electorales como medida de presión al votante. Dichos puntos vienen siendo utilizados como mecanismo de control social en las elecciones, pues sí los electores desean continuar beneficiándose de programas sociales, tales como las bolsas de alimentos que distribuyen los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) o los bonos que regularmente el Gobierno otorga mediante el llamado Carnet de la Patria, deben registrar su asistencia al proceso electoral en los puntos de control antes de votar.
16.- Uso indiscriminado del voto asistido.
17.- No hay libre acceso a los medios de comunicación. Censura previa a determinados voceros y veto sobre ciertos personajes incómodos.
18.- Bloqueos de páginas web o reducción de la velocidad de Internet cómo mecanismos para controlar la información durante la jornada de votación.
19.- Descontinuación de la tinta indeleble como medida para evitar votar más de una vez.
20.- Graves incumplimientos no sólo a disposiciones dictadas por el CNE con relación a la paridad entre hombres y mujeres, sino también a mandatos constitucionales como el voto directo.
21.- Los rectores electorales actuales mantuvieron la decisión de sus predecesores de continuar con la práctica inconstitucional de aprobar una votación de segundo grado para el caso de la representación indígena, lo que va en contrasentido de lo dispuesto en el artículo 63 de la Carta Magna, el cual reza que el sufragio es un Derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Con ello evitan lo que sucedió el 2015 que por 3 votos indígenas la oposición golpista que ganó la AN, tenía la mayoría calificada.
22.- Publicación de un reglamento especial avalado por el TSJ para elegir diputados 2021-2026 dónde violando la Constitución, prácticamente entuban la elección con un nuevo método fuera de lo previsto en ella, dando prioridad a las listas y no a los grupos minoritarios y su representación, a los independientes quienes para participar deben cumplir con requisitos mucho más difíciles, lo cual resulta discriminatorio frente a los partidos políticos y por supuesto los indígenas que ahora son ciudadanos de segunda, para ellos no hay voto directo sino en segundo grado según decidió el TSJ.
Este cúmulo de circunstancias hace sumamente difícil para organizaciones políticas nobeles o grupos de electores participar frente a la perversidad en que han convertido al sistema electoral venezolano, y por si fuese poco todo lo detallado con anterioridad, ahora en un ejercicio de clara «fusión de poderes» como le gusta a algunos especialistas llamarlo; la Asamblea Nacional usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral, organismo desprestigiado no sólo por su composición acomodaticia, sino por su cerviz inclinada al poder gubernamental propone un cronograma electoral.
Nosotros aún absortos preguntamos:
¿De quién es la atribución constitucional para organizar procesos electorales?
¿Porqué la convocatoria no la hace el Consejo Nacional Electoral quién es el responsable de organizar elecciones constitucionalmente?
¿Quién es la Asamblea Nacional para convocar precandidatos y acuerdos electorales, desde cuándo sustituyen al Consejo Nacional Electoral como ente rector?
¿Qué esperan, qué se acuda a su llamado para complacer egos?
¿Porqué si quieren elecciones libres y limpias no publican los resultados de las últimas elecciones mesa por mesa como siempre lo habían hecho, es qué acaso ésa información no es pública?
¿Será que en el acuerdo devolverán las siglas a los partidos judicializados?
Será qué en ése “arranque democrático” ¿dejarán participar a todos, incluyendo a los sectores de la izquierda insumisa o a los independientes?
Nosotros seguimos con nuestra prédica: ¿porqué el CNE no responde a las 300 solicitudes de nombres y actualizaciones de organizaciones con fines políticos pendientes desde el 2022? O sólo será un teatro más para que los alacranes se retraten y cuadren, eliminando competidores y dando sensación de «pluralidad» y ganar así con la minoría, pese al rechazo de 80%
Frente a este nuevo teatrillo del absurdo, nos toca luchar muy duro para devolverle la vigencia a la Constitución, salvar lo que queda de República e instituciones y devolverle la dignidad a los ciudadanos y ciudadanas en el Estado Democrático, Social de Derecho y de justicia que nos dimos, así cómo garantizar qué la voluntad del pueblo, sea cual fuere, será respetada y acatada.
ALEA JACTA EST!