Por Sergio Muñoz Riveros.
Los partidos gobiernistas hicieron todo lo posible para erosionar, aportillar y quitar legitimidad a la Constitución vigente, al punto de declararla muerta, pero, ahora piden mantenerla. Socavaron irresponsablemente las bases de la institucionalidad, alentaron el “parlamentarismo de facto”, al punto de aprobar artículos transitorios a la Constitución para… ¡permitir el retiro de los fondos previsionales! Y, ahora, se presentan, quién lo hubiera creído, como conservadores. Hemos visto de todo en estos años.
Los partidos oficialistas dieron a conocer una declaración en la que sostienen que, en el caso de que gane el voto En Contra en el plebiscito, no promoverán un tercer proceso constituyente. Precisaron que “hoy” no hay condiciones para ello. En buenas cuentas, proponen retroceder al punto de partida, no cambiar la Constitución, y reconocer ante el mundo que en los últimos 4 años Chile estuvo extraviado y caminando en círculos. El bochorno internacional sería completo, por supuesto.
La verdadera razón por la que levantan la opción conservadora es que el proyecto surgido del Consejo Constitucional es lo más opuesto que pueda concebirse de aquel que pidieron aprobar el 4 de septiembre del año pasado. No se atreven a decirlo, pero esa es la verdad. El proyecto de la Convención los identificaba plena y gozosamente, porque era una especie de revolución que iba a volver irreconocible a Chile, o lo que quedara de Chile, puesto que el principio fundante era la plurinacionalidad, que habría sido el primer paso de la desarticulación de la nación bicentenaria.
Ya perdieron la batalla de los principios constitucionales, vale decir, aquella referida a los fundamentos de la democracia liberal y, ahora, parecen ver una posibilidad de pequeña victoria en el voto negativo, aunque ese voto, como está estudiado, responda a muy diversas motivaciones, entre ellas, el fastidio con el prolongado proceso de experimentación constitucional y, en cierta medida, a la confusión entre el rechazo de 2022 y el de ahora. Al oficialismo no le importa mucho. Cualquier cosa sirve para hacer como que ganan.
La Constitución no era un problema hasta que las fuerzas de la izquierda radical lo crearon. Para ello, cabalgaron sobre la ofensiva de violencia y pillaje de octubre de 2019. En otras palabras, el golpismo revolucionario. La bandera del reemplazo de la Constitución de los 30 años fue el modo de invalidar la transición democrática y el progreso alcanzado por Chile en ese período. Demostraron, en los hechos, ser especialistas en demoliciones. Y creyeron estar a punto de conseguirlo todo (o sea, otro país) cuando Boric llegó a La Moneda.
Ahora, maniobran toscamente. La radio de la Universidad de Chile difundió un comunicado del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), que sostuvo que “la propuesta del Consejo Constitucional no cumple con los estándares democráticos básicos, por lo que debe ser rechazada”.
El grupo, presentado por la radio como una organización que reúne a varios académicos especialistas en temas de seguridad, manifestó que “esta nueva propuesta constitucional adolece de serios errores conceptuales, y consolida y refuerza la autonomía de las instituciones armadas y su rol no profesional en materias de orden público, lo que las desprofesionaliza y, en consecuencia, las debilita en su rol fundamental que es la Defensa Nacional“.
O sea, hablan ni más ni menos que de la desprofesionalización de los militares, aunque en el proyecto no hay nada que pueda ser interpretado en tal sentido. Si hubiera alguna base para hablar de debilitamiento del rol de las FF.AA., sus mandos habrían transmitido la preocupación correspondiente a la ministra de Defensa y también, en su momento, al propio Consejo Constitucional. O sea, ruido demagógico, y en una materia altamente sensible.
¿Quiénes integran el GADFA? Un grupo de analistas de izquierda que, en 2021, adhirió a la candidatura de Gabriel Boric mediante una declaración firmada, entre otros, por Galo Eidelstein, actual subsecretario para las Fuerzas Armadas.
Los partidos gobiernistas hicieron todo lo posible para erosionar, aportillar y quitar legitimidad a la Constitución vigente, al punto de declararla muerta, pero ahora piden mantenerla. Socavaron irresponsablemente las bases de la institucionalidad, alentaron el “parlamentarismo de facto”, al punto de aprobar artículos transitorios a la Constitución para… ¡permitir el retiro de los fondos previsionales! Y, ahora, se presentan, quién lo hubiera creído, como conservadores. Hemos visto de todo en estos años.
El populismo constitucional debilitó el orden democrático y volvió muy vulnerable la actual Constitución, que hoy es muy fácil de reformar por 4/7 en el Congreso. Necesitamos reforzar la institucionalidad democrática, que ha sufrido las consecuencias de la deslealtad de quienes esperan una nueva oportunidad para imponer una propuesta como la de la Convención.
No podemos concluir sin citar al exministro Francisco Vidal, del PPD, quien declaró a The Clinic: “Los muchachos del Frente Amplio crecieron sobre la base de sacarnos la cresta”. Una triste verdad, sin duda, pero no solo eso: los convencieron de que debían “expiar” las culpas de haber integrado los gobiernos de la Concertación, los hicieron repetir las consignas del giro a la izquierda, los convirtieron, finalmente, en furgón de cola.
Ya hemos visto lo poco que valía el redentorismo frenteamplista que terminó acomplejando al PPD, lo feble que era esa visión de la sociedad y el Estado, la falsía de la superioridad moral. El gobierno de Boric le está demostrando a los chilenos cuán costosas pueden ser las malas políticas. Hay que poner atajo a todo eso y fortalecer el régimen de libertades con una nueva Constitución.