La normativa comprende asistencia jurídica especializada, un sistema de resolución colaborativa de conflictos y atención integral a víctimas de delitos.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, presentó la iniciativa legislativa que transforma las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que promueve el acceso a la justicia a través de la orientación legal, asesoría y representación jurídica, así como apoyo sicológico y social para quienes no puedan procurárselo por sí mismos y en especial, a las víctimas de delitos.

Para concretar este nuevo Servicio, el Gobierno presentará una indicación sustitutiva al proyecto de ley en actual tramitación en el Congreso. Este nuevo organismo presentará al menos tres mejoramientos sustanciales al sistema de acceso a la justicia:

1.    Entregará asistencia jurídica especializada en diversos ámbitos (ejemplos: NNA, adultos mayores, migrantes, defensa laboral, derechos humanos).

2.    Establecerá un sistema de resolución colaborativa de conflictos, incluyendo la mediación.

3.    Entregará atención integral a víctimas de delitos, en particular los delitos violentos, lo que se constituirá en un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.

Sobre esto, el Jefe de Estado afirmó que “con esto se permite el acceso a la justicia de manera integral, con apoyo psicológico, con apoyo social y legal para quienes lo necesiten”, destacando que “esta nueva institucionalidad va a mejorar la atención y la defensa de las víctimas de la delincuencia en Chile”.

El Servicio contará con 16 Direcciones regionales que tendrán atribuciones para gestionar en el nivel regional algunas atribuciones propias, sin perjuicio de la delegación de facultades que fortalezca aún más su rol.

Estarán a cargo de los consultorios y centros actualmente existentes de las CAJ, que poseen cobertura nacional, prácticamente en todas las comunas donde existe tribunal de alguna clase. Asimismo, contará una Dirección Nacional de la que dependerán tres subdirecciones: Subdirección de Líneas de acción y Programas; Subdirección Operativa; y Subdirección de Defensoría de las Víctimas.

Estará a cargo de un Director Nacional, seleccionado a través del sistema de Alta Dirección Pública, así como los Subdirectores y Directores Regionales.

La iniciativa fue firmada por el Mandatario, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá; y los ministros de Hacienda y Justicia, Mario Marcel y Luis Cordero.