EDUARDO SALAS CERDA. / Abogado DDHH – DHSF.
En 1980, la crítica sustancial, expresada en el Grupo de estudios constitucionales, conocido como GRUPO DE LOS 24, decía relación con la violación de los ddhh en Chile. Esas atrocidades marcaban la posición que se tuviera respecto de la Dictadura que había transformado el Estado en un ente violador de los derechos humanos fundamentales, derechos civiles, políticos, sociales y económicos.
En esta contingencia, la dictadura quiere perpetuar su régimen instalando una Constitución que legitime las violaciones cometidas. Esa institucionalidad se expresa en la Constitución de 1980, sometida a un plebiscito fraudulento, que nos rige por más de 41 años. En esos días, el ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva nos decía en su discurso contra el plebiscito a la constitución del 80, en el teatro Caupolicán:
«Una comisión, llamada de Los 24, en la que participan hombres de todas posiciones, elaboraron las bases de una Constitución democrática llegando a pleno acuerdo sobre sus disposiciones. Hace pocos días 120 personalidades, profesores universitarios, hombres de ciencia, literatos, políticos de intachable pasado, han expresado al país su pensamiento. Su prestigio y sus nombres son garantías de que hay chilenos capaces de asegurar el porvenir; y a ellos se están agregando nuevas y valiosas adhesiones».
En base a ello y otras consideraciones Frei proponía: «Que se organice de inmediato un gobierno de transición cívico militar, cuyos objetivos básicos serán establecer durante el plazo de dos a tres años como máximo las condiciones para restañar las heridas del pasado, restablecer la unidad nacional y la paz entre los chilenos, recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático y garantizar la seguridad interna y externa de los chilenos…
– Que constituido este gobierno de transición se elija, por votación popular, una Asamblea Constituyente u otro órgano auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión.
– Que progresiva y rápidamente se restablezcan las libertades públicas, el derecho de asociación, la libertad de opinión e información, el derecho a reunión, el regreso de los exiliados, la derogación del estado de emergencia.
– Que se dicte de inmediato y se ponga en vigencia una Ley Electoral que defina los requisitos para ser ciudadano, que regule las inscripciones electorales, los sistemas de votación y escrutinios, los organismos y Tribunales, autónomos del gobierno provisional, que tendrán a su cargo asegurar la corrección de los procedimientos electorales.
En Chile, por lo demás, rigió un sistema electoral que fue elogiado por todos los partidos sin excepción, bajo el amparo de la ley y con la presencia de las Fuerzas Armadas en el acto electoral.
– Que se dicte un Estatuto de los Partidos Políticos que regule su función y participación en la vida política del país durante el período de transición y hasta que se dicte la nueva Carta Constitucional…
– Que en el orden social se deroguen las limitaciones impuestas a las organizaciones sindicales, juntas de vecinos y demás instituciones sociales intermedias. Los estatutos definitivos se dictarán cuando asuma el futuro gobierno democrático.
– Que se dé término a la intervención de las universidades mediante un procedimiento dirigido por académicos de gran prestigio e intachables antecedentes, que den plena garantía a toda la comunidad universitaria.
– Que se geste un consenso nacional o pacto social que garantice la convivencia democrática, en paz y sin violencias, y que hagan posible su desenvolvimiento posterior».
Asimismo, en su discurso denunciaba que con una institucionalidad ilegítima, en la forma y en el fondo, se pretendía cubrir los crímenes, de lesa humanidad (desaparición forzada de personas, ejecuciones políticas, tortura, exilio, negación de todas las libertades civiles).
Sus palabras en el discurso antes dicho eran claras a este respecto: «Se supone que quienes rechazan la Constitución (de Pinochet y su dictadura) propuesta quieren volver al pasado, y no a un pasado cualquiera, sino al 10 de septiembre de 1973. ¡Qué ficción tan absurda! ¿Por qué vamos a querer nosotros, que fuimos oposición clara y pública –cuando otros huían al extranjero o guardaban mañosos silencios-, volver al pasado? ¿Qué país del mundo puede ser retrotraído a siete años atrás? ¿Van a resucitar a los muertos y a los desaparecidos? ¿Van a estar en Chile los miles y miles de exiliados? ¿Han sido en vano estos siete años, en que el régimen no ha convencido a nadie? ¿No ha pasado nada en Chile?
¿No ha sido una dramática lección la pérdida de la libertad? ¿No han aprendido más de algo los chilenos? ¿Los centenares de miles de cesantes y el shock económico con su costo social no han dejado huellas? En el fondo, el dilema que se presenta es: O yo o el caos. La democracia no es el caos. Este país, como lo acaba de decir don Jorge Millas, no vivió 150 años en el caos. Los que verdaderamente conducen al caos son los que con un acto de coerción moral y física, plantean una disyuntiva inoperante que resultaría fatal.«
En síntesis, Frei hablaba del fin de la dictadura, del término a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de la vuelta a la democracia con una Nueva Constitución resultado de un proceso realmente democrático. Que, si no retornaba la democracia, seguirían las violaciones a los derechos humanos. Lo que efectivamente ocurrió cruelmente durante toda la década del 80, incluido su asesinato cometido por agentes de la dictadura en el verano de 1982. Las personas demócratas que digan que esa carta constitucional fue superada por las reformas que vinieron con la democracia a partir de 1990, deben siempre recordar que el espíritu y origen de esa constitución tuvo como base la violación de los derechos humanos fundamentales.
LOS DERECHOS SOCIALES VULNERADOS
Junto a lo anterior, la ilegítima Constitución de 1980 también conculca, institucionalmente, los derechos económicos y sociales, puesto que se instaura un modelo basado en el Estado mínimo y subsidiario, reflejo del pensamiento neoliberal.
En efecto, en el capítulo de derechos, se minimizan los derechos sociales, ignorándolos, como el derecho a la seguridad social, la vivienda, el agua, el trabajo o negándoles la protección, como es el caso del derecho a la educación. Se eleva a categoría de principal el derecho de propiedad, que está más protegido que la vida y la libertad. Se consagra este derecho al punto de permitir el derecho privado de aprovechamiento del agua, que concentra y privatiza un bien tan común a todas las personas. Esa constitución y las leyes que la implementan, hacen que el sector privado no sólo tenga presencia en las actividades productivas, sino que se haga cargo, reemplazando al Estado, en todas las áreas sociales y haciendo primar el lucro para el ejercicio de los derechos sociales de las personas. De esta forma tales prerrogativas dejan de ser derechos para transformarse en bienes de consumo a expensas del mercado. Así, la constitución del 80 institucionaliza la violación de derechos tan fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. Esto se expresa en un sistema particular subvencionado que pauperiza la educación general y enriquece a nuevos empresarios de la educación, establece las Isapres y favorece a los sistemas privados de salud desprotegiendo la salud pública y social, instaura un sistema de previsión individual, las AFP, eliminando el derecho a la seguridad social y reemplaza el derecho del trabajo por la libertad del trabajo, entre otras privatizaciones de los derechos sociales fundamentales.
La constitución dictatorial no hace referencia alguna a los pueblos indígenas y sus derechos fundamentales. Los ignora en toda su dimensión. Aún más, establece que la soberanía, es decir, el poder, radica en la nación, reconociendo una sola nacionalidad, sin reconocer nuestra diversidad. Los demócratas creemos en la soberanía popular o del pueblo de Chile, que involucra muchos pueblos y todos ellos son la base soberana de un Estado democrático único e indivisible.
EL PLEBISCITO DEL 4 DE SETIEMBRE.
Han pasado 42 años desde ese discurso en el teatro Caupolicán y a partir de octubre y noviembre de 2019 hemos ejecutado democráticamente los caminos que Frei y el grupo de los 24 nos señalaron, una senda efectivamente democrática con una Convención Constitucional que ha realizado el exitoso texto que se plebiscitará el próximo 4 de setiembre.
Hoy, nuestro pueblo diverso tiene que decidir si continúa la actual constitución -cuyo origen, espíritu y contenido es la violación de los derechos humanos- o aprobar una Nueva Constitución que es producto de uno de los procesos más democráticos que ha conocido la historia de Chile y que en lo sustantivo consagra esos derechos garantizándolos plenamente.
Entonces, no podemos tener duda alguna que la más plena democracia, fundada en los derechos humanos, se obtiene sólo con una Nueva Constitución que debe ser aprobada en el plebiscito del 4 de setiembre por todos los pueblos de Chile.