La reunión ministerial virtual del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), celebrada bajo el tema “65 años después de Bandung”, fue un momento de desmitificación por el Embajador, Representante Permanente de Marruecos ante la ONU, Omar Hilale, de las acusaciones del representante de Argelia sobre el Sahara.
En respuesta a la declaración parcial y hostil del funcionario argelino, el Embajador Omar Hilale recordó que el Sahara marroquí es una cuestión de soberanía nacional e integridad territorial del Reino, afirmando que Marruecos ha ejercido su derecho inalienable a la integridad territorial y recuperó sus provincias saharianas en 1975, en virtud del Arreglo de Madrid y de acuerdo con la práctica de Naciones Unidas. El diplomático marroquí destacó que en estos tiempos de la COVID-19, que llaman a la solidaridad, “Marruecos hubiera querido que los participantes dejaran de atentar contra la integridad territorial y la soberanía de su vecino”, agregando que “el respeto de la integridad territorial es un principio cardinal para Marruecos y el Movimiento de Países No Alineados y que no debe utilizarse con geometría variable”.
Hilale señaló que Marruecos, que ha elegido el camino del diálogo, participa plenamente en el proceso político exclusivo de la ONU sobre esta disputa regional, sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas desde 2007. “El proceso político ha experimentado una dinámica positiva, iniciado por el ex Enviado Personal, Horst Köhler, a través de la celebración de dos mesas redondas en Ginebra, con la participación de Marruecos, Argelia, Mauritania y el Polisario ”, destacó el Embajador.
En la ocasión insistió que las Resoluciones 2440, 2468 y 2494 del Consejo de Seguridad establecieron a Argelia como parte principal de esta disputa regional y le pidieron que contribuya de buena fe al proceso. Hilale agregó que la resolución 2494 del Consejo de Seguridad “consagró el proceso de mesa redonda como la única forma de llegar a una solución política a esta disputa regional”. El Embajador también reiteró que la Iniciativa de Autonomía de Marruecos es la encarnación misma de la solución política, realista, pragmática y duradera basada en el compromiso, defendida por el Consejo de Seguridad.“Esta iniciativa está en consonancia con el derecho internacional y sigue siendo la única vía para la resolución definitiva de esta disputa en el marco de la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional del Reino de Marruecos”, insistió.
En cuanto a la situación de las poblaciones secuestradas en los campamentos de Tindouf, Argelia, Hilale llamó la atención de los representantes de los 120 estados miembros del MNA sobre las diversas violaciones y abusos de los derechos fundamentales de los que son víctimas. En ese sentido, destacó la obligación que incumbe al país anfitrión, Argelia, de permitir que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados proceda a un registro y a un censo de estas poblaciones, de conformidad con la ley sobre la ayuda humanitaria internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951. El diplomático marroquí criticó la malversación de ayuda humanitaria en los campamentos de Tinduf, que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ACNUR y el PMA confirmaron en sus informes de investigación.
Estos informes, dijo, confirmaron las desviaciones a gran escala, durante varias décadas, de la ayuda humanitaria destinada a los campamentos de Tinduf, y la participación en estas desviaciones del “Polisario” y responsables locales para su enriquecimiento personal y fraudulento. Además, puso a Argelia al frente de sus responsabilidades al declarar que el país anfitrión de ninguna manera puede delegar sus obligaciones en su territorio a un grupo armado separatista, con vínculos comprobados con el terrorismo internacional, subrayando que el país anfitrión asume toda la responsabilidad por las violaciones extremadamente graves en los campamentos de Tindouf, como lo confirmó el Secretario General de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos, incluido el Comité de Derechos Humanos y el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria.