El abogado representante de los reos del penal Punta Peuco, Raúl Meza, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, por la vulneración del derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de los condenados por crímenes de lesa humanidad.

La acción legal surge luego de que un funcionario del personal de Gendarmería y una funcionaria de enfermería, que prestaban servicios dentro del penal,  fueron confirmados de Covid positivo en el test PCR al que fueron sometidos el pasado 19 de mayo, y cuyos resultados se dieron a conocer durante este fin de semana.

El recurso de protección, señaló Meza, se enmarca en las permanentes advertencias que ha realizado el abogado en cuanto a la presencia de un foco de contagios al interior de Punta Peuco, y de la cuales, no ha tenido respuesta alguna por parte del gobierno.

“Enviamos formalmente al ministro Mañalich, hace dos meses atrás, una petición formal de que se le tomara el examen de PCR a todos los internos del penal Punta Peuco y a todos los funcionarios de Gendarmería. Nunca se nos escuchó, nunca tuvimos una respuesta, el gobierno nunca ha escuchado las peticiones que han hecho los internos de Punta Peuco, en orden de adoptar medidas de carácter preventivo, de aislamiento y de protección para evitar el contagio masivo”, señaló.

El objetivo de esta acción, explicó el representante legal de los reos, es que a través de una orden de no innovar, la Corte disponga de manera inmediata, el traslado de todos los internos a hoteles sanitarios, o que, en su defecto, se ordene por parte de la autoridad sanitaria, el traslado a los domicilios, durante todo el tiempo que dure la pandemia.

“Aquí está en juego las garantías constitucionales del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica del interno y al derecho que tienen de la protección de su salud. El contagio masivo de los internos del penal Punta Peuco, por su condición de riesgo de edad, de enfermedades crónicas  y terminales, puede ocasionar muchas muertes al interior de este penal”, enfatizó el abogado.

Una opinión que fue descartada tajantemente por parte de representantes de víctimas de violaciones a los derechos humanos. El abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta manifestó que los derechos de los internos de Punta Peuco están “debidamente resguardados”, teniendo presente las condiciones carcelarias de las que disponen los internos del penal y que se han podido constatar por medio de visitas in situ y a través de un informe que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos el año 2018.

“Una persona condenada en Punta Peuco, que haya contraído el virus del Covid-19, está en condiciones de ser atendido dentro de las mismas instalaciones sanitarias que dispone el penal, y de lo contrario, puede ser trasladado, como ha sido la tónica en muchas oportunidades, al Hospital Militar, donde han sido atendidos debidamente”, afirmó.

Recordando el proyecto de Ley Humanitaria que intenta promulgar el gobierno, Margotta señaló que, esta acción legal, es una de tantas iniciativas que buscan torcer el espíritu de la normativa internacional de derechos humanos, en el que se ha dispuesto un conjunto de restricciones y salvaguardas para evitar que el condenado por crímenes a la humanidad, pueda obtener su libertad.

“Nosotros estamos convencidos que estas iniciativas no pueden prosperar en atención a lo que establece la normativa internacional de derechos humanos, particularmente el Estatuto Roma y en específico en el artículo 110 de dicho cuerpo normativo. Por tal motivo, nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos ya hicimos ver esta situación y lo denunciamos al Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de las Naciones Unidas, de manera que esperamos que nuestros tribunales, conociendo este recurso de protección que ha sido interpuesto en estos días el abogado de los condenados de Punta Peuco, aplique la normativa vigente y en definitiva, lo rechace en todas sus partes”.

Por su parte el abogado defensor de los DDHH, Nelson Caucoto, recordó que la ley del Covid 19, que permitió el arresto domiciliario a casi dos mil reos, hizo la distinción entre delitos comunes y delitos comunes extremos, como lo es el caso de homicidios y delitos sexuales, excluyendo del mismo modo, a los autores de crímenes de lesa humanidad. En el caso de este recurso de protección, habría que responder con el mismo espíritu y letra de esa misma ley, manifestó el abogado.

“Para los reos de Punta Peuco, no existe la posibilidad de exonerarse del cumplimiento de su sentencia, es decir, deben cumplir sus sentencias tal cual fue determinada por los tribunales de justicia. Aquí existe efectivamente una responsabilidad del Estado de Chile de garantizar la salud de estas personas que están recluidas, la vida de estas personas, e indudablemente en el caso de que sufrieran estos contagios, hay que tomar las medidas suficientes de aislamiento. Además todas estas personas están vinculadas a las Fuerzas Armadas y Carabineros y todos ellos tienen recintos hospitalarios excelentes para ser atendidos, de manera que no puede ser el coronavirus un motivo o excusa de dejar en libertad a los autores de los crímenes más graves que se han cometido en Chile durante toda su historia”, expresó Caucoto.

Por su parte la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira apuntó a que ésta acción representa un nuevo intento por conseguir impunidad en los crímenes cometidos por los reos de dicho penal.

“Nos parece que siempre ha imperado en ellos el derecho a la vida y el derecho a la salud”, manifestó en alusión a la infraestructura del penal y de las prestaciones de salud a las que acceden los internos. El recurso de protección, valoró Lira, vulnera el derecho de reparación de los familiares de las víctimas de la dictadura.

“A través de este recurso, lo que ellos buscan y siguen tratando de buscar, es la impunidad a través de la libertad de los violadores de derechos humanos, o sea, quitarle el derecho a las víctimas de la justicia y a sus familiares, un derecho que les ha costado a la Agrupación de Familiares, a los abogados de derechos humanos, años y décadas en búsqueda de la verdad para hacer justicia. Los pocos que están en Punta Peuco, gozan de buena salud y solamente los afectan la enfermedad natural que tienen los ancianos, por lo cual para nosotros los riesgos que ellos están teniendo al interior del penal Punta Peuco, es el mismo riesgo que están corriendo todos los presos comunes en distintas cárceles de Chile, lo cual no impide que ellos cumplan con las pocas condenas que les dieron por crímenes tan horrorosos como fueron las violaciones a los derechos humanos”, expresó.