MÉXICO – Lo que comenzó como una búsqueda de precios justos a artesanías indígenas en 1985 ha evolucionado a una organización de mujeres en México que promueve la justicia climática mediante la defensa del territorio y la promoción de derechos ambientales.
“Nos pusimos el objetivo muy amplio de querer lograr que las mujeres pudieran acceder a una vida más digna y lo fuimos haciendo mediante varias actividades”, relató a IPS la indígena nahua Rufina Villa.
“Pensamos que solo nos íbamos a dedicar a hacer artesanías, pero con las reuniones vimos que era importante hacer otras cosas”, relató la fundadora de la Cooperativa Masehual Siuamej Mosenyolchicauani (mujeres indígenas que se apoyan, en lengua náhualt).
Entre esas iniciativas figuran la alfabetización de mujeres, la capacitación en derechos humanos, mejoramiento de calidad de los productos, la autonomía económica y cuidado ambiental en Cuetzalan del Progreso, en el central estado de Puebla, a unos 297 kilómetros al sur de Ciudad de México.
“Nos capacitamos constantemente para mejorar nuestros servicios. Empezamos a conocer la problemática de la contaminación en nuestro entorno, empezamos a ver lugares con deforestación, daños por el turismo masivo”: Rufina Villa.
Enclavado entre montañas en la región conocida como la Sierra Norte, Cuetzalan es un municipio rural, llamado “pueblo mágico” por su ubicación, con bosques de niebla, cascadas y grutas, entre otras bellezas paisajísticas, y de mayoritaria población indígena.
Fundada por 25 mujeres, en su primera etapa la cooperativa eligió el cuidado ambiental mediante la separación de la basura, la elaboración de abono para sus siembra y cultivos con prácticas agroecológicas. Asimismo, desde siempre defiende los manantiales que abastecen de agua a Cuetzalan y fomenta la transición energética a alternativas menos contaminantes.
“Fuimos pioneras en apoyo al turismo comunitario para cuidar el territorio. Nos capacitamos constantemente para mejorar nuestros servicios. Empezamos a conocer la problemática de la contaminación en nuestro entorno, empezamos a ver lugares con deforestación, daños por el turismo masivo”, prosiguió la activista de 69 años y madre de cuatro hijas y cuatro hijos.
Aunque en la cooperativa no vinculan expresamente sus actividades con la búsqueda de justicia climática, ellas apuntan a resolver al menos en su comunidad problemas que otros crearon en materia ambiental y climática.
La justicia climática gira en torno a la equidad económica, la seguridad y la igualdad de género, y busca soluciones a las desigualdades que generan las causas y las consecuencias de la crisis climática entre las personas y grupos de personas.
“No ha habido visión de justicia climática. En los últimos años, por los impactos severos han empezado a colocar el concepto, pero sin mucha claridad de lo que se habla. Los gobiernos estaduales y municipales tienen un desconocimiento muy grande. A la hora de la instrumentalización, se ve como tema ambiental, no como desarrollo, y está divorciado de la agenda climática”: Hilda Salazar.
Luego de construir un hotel en 1997, cuyo guardián es el esposo de Villa, la organización invirtió en 2022 unos 20 000 dólares en la instalación de paneles solares, un monto ya recuperado, en un impulso a la transición energética, en una zona donde las hidroeléctricas y plantas fósiles aportan la mayor parte de la electricidad.
Para aminorar el gasto de gas y electricidad, también colocaron calentadores de agua solares al año siguiente.
El Hotel Taselotzin (retoño, en náhuatl), enclavado en un paraje en que se sumerge y cuida, ofrece habitaciones privadas, cabañas y dormitorios colectivos, así como servicios de ecoturismo, donde se resalta el valor del bosque y las fuentes de agua. En el recinto socias de la cooperativa enseñan también a elaborar y apreciar los tejidos y otras artesanias nahuas,
Pertenece a la Red de Turismo Huitziki Tijit (camino del colibri, en náhualth), que opera en cinco municipios de Puebla con población mayoritaría nahua y gran valor ecológico, entre ellos Cuetzelan.
Riesgos crecientes
Como otras regiones de México, país vulnerable a los efectos de la crisis climática, Cuetzalan, que tenía casi 50 000 habitantes en 2020, padece el impacto climático.
Entre marzo y junio pasados, el municipio experimentó sequías severas, extremas y excepcionales, lo que no había sucedido a lo largo de este siglo, según el Monitor de Sequía del gubernamental Sistema Meteorológico Nacional.
Además, perdió 1000 hectáreas de cobertura arbórea de 2001 a 2023, lo que equivale a una disminución de 12 % de esa superficie desde 2000, según datos de la plataforma internacional Global Forest Watch. En 2023 perdió 86 hectáreas, el dato más alto desde 2019 (108).
“La tierra es pródiga. Hemos pasado muchas cosas y seguimos en pie”, destacó doña Rufi, como la llaman cariñosamente en la zona, donde cultivan la milpa, un sistema ancestral que conjuga la siembra de maíz, frijol, calabaza y ají (chile), además de café, banano y plantas medicinales.
En lo que va de este siglo, las comunidades de Cuetzalan han enfrentado amenazas en contra del agua, como iniciativas de turismo masivo, minería e hidroeléctricas, así como proyectos eléctricos y petroleros de las estatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
Una defensa del municipio ha sido el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan, creado en 2010 y que regula el uso de suelo en el municipio.
La mayoría de abastecimiento de agua de Cuetzalan depende de manantiales. En ese sentido, operan más de 80 comités comunitarios de agua que se encargan de infraestructura de traslado del líquido y su mantenimiento, pero la sequía aprieta esas fuentes.
“La sequía ha estado dura aunque ahora ya está lloviendo. Protegemos los manantiales y por eso nos hemos opuesto a proyectos de muerte”, como llaman los pobladores nahuas a obras que destruyen el entorno, subrayó Villa.
La cooperativa ya integra a 100 mujeres nahuas de seis de las comunidades del municipio. Es una del centenar de cooperativas de mujeres, del total de unas 8000 que operan en el país.
Ausente
Las políticas públicas de México carecen de la perspectiva de justicia climática, lo que rebota en el territorio.
La última actualización de la mexicana Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, en inglés), el conjunto de políticas climáticas voluntarias que cada país asume como parte del Acuerdo de París, menciona la justicia climática solo una vez y luego no enlaza ninguna de las medidas con ella.
Lo mismo ocurre con la Estrategia Estatal de Cambio Climático 2021-2030 de Puebla.
Para Hilda Salazar, fundadora de la no gubernamental Mujer y Ambiente, el concepto “poderoso” de la justicia climática ha permeado poco en municipios y comunidades de México.
“No ha habido visión de justicia climática. En los últimos años, por los impactos severos han empezado a colocar el concepto, pero sin mucha claridad de lo que se habla”, dijo a IPS en una entrevista en Ciudad de México.
Añadió que “los gobiernos estaduales y municipales tienen un desconocimiento muy grande. A la hora de la instrumentalización, se ve como tema ambiental, no como desarrollo, y está divorciado de la agenda climática”.
En México los tribunales han recibido al menos 23 demandas relacionadas con asuntos climáticos, lejos de Brasil (89 casos). Además, pocas han fructificado y menos han sido procesos que puedan vincularse con la justicia climática.
Ante este panorama, procesos como los de la cooperativa de Cuetzalan podrían motivar a más comunidades locales a emprender los suyos propios.
Villa apreció varias lecciones aprendidas de la larga labor de la cooperativa.
“Sabemos cómo organizar que una sola persona no puede lograr, seguir estableciendo redes, conocer lo que pasa en las demás regiones, es importante cuidar nuestro ambiente y nuestra cultura, defender nuestros derechos colectivos, nuestra autonomía como mujeres, como personas, como pueblo indígena”, subrayó.
Y consideró importante la transmisión a las más jóvenes. “Antes las mujeres no salían a trabajar y ahora vienen a vender sus productos, como café, canela, miel o trabajan en el turismo”, aseguró.
De acuerdo con Salazar, también integrante de la no gubernamental Red de Género y Medio Ambiente, falta legislación, programas y políticas territoriales.
“Es un problema estructural. No alcanza la dimensión que debería tener por los impactos y las políticas divorcian aspectos económicos, tecnológicos, sociales y culturales. Hay desventajas (para las mujeres) desde acceso a información hasta la participación y ejecución», detalló.
A su juicio, el enfoque de género tiene la virtud, en lo medioambiental y lo climático, de que pone en el centro las asimetrías y desigualdades. “Le da en el corazón”, sostuvo.
ED: EG