Por: María Alejandra Díaz. / Abogada constitucionalista / Representante ante la Comisión y Corte Interamericana de DDHH / Vicepresidente de la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (2017).

La CRBV no es un hecho baladí, coyuntural, pueril. Es el resultado del poder constituyente –pueblo consciente y emancipado- que se da a sí mismo un acuerdo de largo aliento político para desarrollar y materializar las demandas sociales, económicas, éticas y espirituales que históricamente fueron desechadas, reprimidas, limitadas y aplastadas por los gobiernos y poderes fosilizados, petrificados que quedaron deslegitimados en el tiempo, por su desempeño contrario a los intereses y necesidades del pueblo venezolano.

La única forma de romper este acuerdo es a través de la decisión soberana del poder constituyente. No puede una facción minoritaria atribuirse el derecho de derogarla, destruirla, desaplicarla arbitrariamente por vías de hecho, para complacer así a sus amos globalistas que pretenden hacerse del país, sus recursos, territorio y exterminar por hambre a sus habitantes, expulsarlos, someterlos a las más terribles vejaciones, perseguirlos, en fin, alegando ataques externos, bloqueos, sanciones, dejarnos sin Constitución, ignorando los mecanismos de protección que ella misma prevé.

Hemos advertido hasta la saciedad que este peligroso camino corrompe, destruye, desnaturaliza y pervierte la vida y el tejido social, la convivencia y la vida digna en común, así como los auténticos caminos de la prosperidad y el trabajo. Resulta inconcebible como de manera sistemática han sido inaplicados, inobservados y destruidos los derechos constitucionales, especialmente todos los relacionados con los derechos laborales, por sujetarse y apostar a un dogmatismo monetarista que la CRBV resolvió en los artículos 89 y 91.

El deber del gobierno -del signo que sea- es ceñirse al dictamen previsto en ella, entendiendo que el centro de su acción es el hombre y que el conflicto distributivo producto de las relaciones capitalistas que marcan nuestra economía debe ser resuelto en favor del trabajador y nunca del capital. No puede el gobierno justificando el aumento de la producción, pactar con grupos de poder fuera del contrato social, violentando el acuerdo que nos dimos e imponer otra vía fuera de ella.

Pretender que los derechos sean abolidos, con sueldos y salarios de hambre, instructivos fantasmas que reducen beneficios en un 50% de lo pactado, y poniéndose de parte de la acumulación violenta de capital a costa del salario de los trabajadores, y además amenazar a quiénes legítimamente estamos reclamando, protestando y manifestándonos pacíficamente por nuestras reivindicaciones, no sólo es contrario al artículo 68 de la CRBV y otros pactos y convenios internacionales, sino que es inhumano.

El salario es vital para el desarrollo del trabajador, sin él la posibilidad de vida digna es inexistente, así como vestirse, alimentarse adecuadamente, atender enfermedades, vivienda entre otros derechos fundamentales. Por ello la destrucción de la seguridad social derivada de salarios hambreadores, es una bomba de tiempo, pues ningún ser humano se dejará matar -de hambre- sin luchar.

Para este gobierno con una clara estrategia monetarista (neoliberal) que busca imponer a trocha y mocha una economía autorregulada, el artículo 91 de la CRBV que garantiza salarios justos y dignos, es inaceptable y debe ser destruido para lograr los objetivos: precios determinados únicamente por mecanismos del mercado, por tanto, no pueden existir subjetividades sociales (trabajadores organizados en gremios o sindicatos libres e independientes) que se opongan a ésta fórmula y reclamen dentro de los canales constitucionales.

El salario y los sueldos no son sólo para satisfacer necesidades de subsistencia, tienen además una función formativa que Negri denomina «autovaloración del trabajo» pues los trabajadores adquieren consciencia de sus intereses, necesidades y desarrollos (Max-Neef).

La errática política de bonificaciones -que no son otra cosa que aquellas peonías que daban los capataces y dueños de hacienda a los campesinos y siervos-, como dosis mínimas para mantener el sistema, se agotó. Este neofeudalismo del más ramplón en las relaciones laborales ya los trabajadores no lo aceptamos. Pues comprendimos que los bonos son un dispositivo para desmovilizar y despolitizar lo importante: la lucha por el restablecimiento del estado de derecho, la Constitución, la institucionalidad, que han sido violentados por esta estrategia neoliberal deliberada que destruye la vida. Éso señores, no se arregla con bonos, el problema es más profundo y los trabajadores lo sabemos.

¿Qué pretende el capital con la estrategia de los bonos? Domar nuestro comportamiento rebelde, someternos, dominarnos para asimilarnos al proceso de acumulación de capital que en Venezuela es originario y violento. No se puede seguir tratando lo político y lo económico como un tema simplemente biológico: convirtiendo a la masa de trabajadores en dóciles a través de estímulos y respuestas (neoconductismo) No somos ratas de laboratorio en este experimento social en el que nos metieron para acabarnos y acabar con la CRBV.

El trabajo es fuerza que busca autovaloración, más allá de los discursos y dogmas de los capitalistas, economistas, revolucionarios profesionales e ideólogos socialistas, que se constituyen en cuatro facetas de la subjetividad del capital en su estrategia de dominio y contra la cual los trabajadores nos rebelamos, además con toda la razón.

Resulta curioso que mientras la derecha global dejó de hablar de la Patria, la Nación la soberanía y la independencia, la izquierda por su parte abandonó las reivindicaciones salariales y del pueblo.

Lo peor es que el sacrificio extremo del pueblo y la vulneración del honor y la dignidad, que se hacen evidentes ante la ausencia misma del decoro, no está ni siquiera siendo propicio para el desarrollo de un Estado Nación en función de forjar sólidas bases para su desarrollo.

Al contrario, también estamos perdiéndolo en función de qué? De qué ellos garanticen su poder, un poder sucio y corrompido que les pudre a ellos mismos, los gobernantes, que no pueden excluirse de tamaña enajenación.

A quiénes le sirven? Al desleal propósito de entregar la Patria, La Nación y su territorio a las fauces sangrientas del imperialismo.

Por esto nosotros decimos hoy, que sin soberanía, sin Estado, sin instituciones, sin Constitución, no existe posibilidad alguna de dignificar el trabajo, los salarios y al pueblo mismo.

Llegó la hora de unirnos los ciudadanos patriotas en favor del pueblo dignificado, la Constitución y la República.

Nos toca luchar y Triunfar!!