NACIONES UNIDAS, 1 feb 2021 (IPS) – El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la toma del poder por los militares en Myanmar este lunes 1 y la detención de los principales líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la Consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi.
Un comunicado del portavoz del secretario general expresó su “grave preocupación por el traspaso de todos los poderes”, legislativos, ejecutivos y judiciales, a los militares. “Estos acontecimientos representan un duro golpe para las reformas democráticas”, aseveró.
De inmediato pidió a todos los líderes que entablen “un diálogo significativo, absteniéndose de la violencia y respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Por su parte, el presidente de la Asamblea General de la ONU, el turco Volkan Bozkır, declaró que “los intentos de socavar la democracia y el estado de derecho son inaceptables”, y pidió la “liberación inmediata” de los líderes políticos detenidos.
Las detenciones y la toma del poder tuvieron lugar horas antes de la sesión inaugural del nuevo parlamento de Myanmar, la antigua Birmania, y siguieron a días de crecientes tensiones entre el gobierno y el Ejército a raíz de las elecciones generales de noviembre pasado.
La Liga Nacional para la Democracia (LND,) dirigida por Aung San Suu Kyi –de 75 años e hija del artífice de la independencia en 1948, Aung San- , obtuvo una victoria abrumadora, asegurando 83 por ciento de los 476 escaños.
Los militares y algunos partidos políticos cuestionaron los resultados, alegando que las urnas se vieron empañadas por irregularidades. El Partido de la Solidaridad y el Desarrollo, afín a los militares, solo consiguió 33 bancas.
Las de noviembre fueron las segundas elecciones democráticas en Myanmar desde el final de casi cinco décadas (1962-2011) de gobierno militar. Las primeras, en 2015, también las ganó la LND.
Guterres expuso que “las elecciones generales del 8 de noviembre de 2020 otorgan un fuerte mandato al LND, lo que refleja la clara voluntad del pueblo de Myanmar de continuar por el camino duramente ganado de la reforma democrática”.
En su comunicado, insistió llamar a los militares a que “respeten la voluntad del pueblo y se adhieran a las normas democráticas”, y expresó el “apoyo inquebrantable de las Naciones Unidas al pueblo de Myanmar en su búsqueda de la democracia, la paz, los derechos humanos y el estado de derecho”.
Los informes en la ONU dan cuenta de que los militares cortaron comunicaciones, cerraron estaciones de radio y televisión, controlan lugares estratégicos de Yangon y otras ciudades, y decretaron un estado de emergencia durante un año.
El relator especial de la ONU para los derechos humanos en Myanmar, Thomas Andrews, condenó el golpe de Estado como “indignante” y resumió la situación expresando que “la democracia ha sido derrocada”.
Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y el Consejo Europeo deploraron la interrupción del proceso democrático en Myanmar.
Para la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) el golpe de Estado “envía un escalofriante mensaje de que los militares –encabezados por su comandante en jefe Min Aung Hlaing- no tolerarán ningún disenso”.
Un director de campañas de AI, Ming Yu Hah, señaló que “los golpes militares y las represiones anteriores en Myanmar han sido testigos de violencia a gran escala y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad”.
También recordó que la minoría étnica rohinyá, cuatro por ciento de los 52 millones de habitantes y de confesión musulmana en un país de mayoría budista, ha sido perseguida y fue excluida de participar en la elección de noviembre.
Unos 800 000 rohinyás debieron huir de Myanmar en los últimos años, principalmente a Bangladesh, estando en funciones Aung San Suu Kyi, por lo que la dirigente ha recibido cuestionamientos a que retenga el Nobel que se le concedió cuando estaba bajo arresto domiciliario como cabeza de la oposición.
El 23 de enero la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Myanmar debe tomar medidas para proteger a su población minoritaria rohinyá.
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