Fuente: Tribuna Libre/España.

Las autoridades de Argelia deben parar inmediatamente los enjuiciamientos arbitrarios destinados a silenciar a activistas de Hirak y a periodistas en el contexto de la pandemia de COVID-19”, ha declarado Amnistía Internacional. La organización ha pedido la libertad inmediata de todas las personas afectadas por estos simulacros de juicio.

Según profesionales del derecho que defienden los derechos humanos, sólo entre el 7 de marzo y el 13 de abril, fueron citados al menos 20 activistas para ser interrogados por la policía o arrestados y recluidos en detención preventiva o condenados por cargos derivados del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión o de reunión pacífica en seis ciudades de Argelia.Las autoridades deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas dedicadas al activismo pacífico detenidas sólo por expresar sus opiniones en Internet y en otros lugares y/o pedir un cambio democrático. Heba Morayef . “En un momento en el que todos los ojos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, están puestos en la gestión de la pandemia de COVID-19, las autoridades argelinas invierten tiempo a acelerar enjuiciamientos y juicios contra activistas, periodistas y simpatizantes del movimiento Hirak”, afirmó Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas dedicadas al activismo pacífico detenidas sólo por expresar sus opiniones en Internet y en otros lugares y/o pedir un cambio democrático. Con la detención y el encarcelamiento de estas personas, las autoridades no sólo las castigan por su libre expresión, sino que también ponen en peligro su salud, dado el riesgo de un brote de COVID-19 en la prisión”. En febrero de 2020, el movimiento de protesta Hirak celebró su primer aniversario y reiteró que sus llamamientos en favor de la reforma política seguían sin recibir respuesta. A principios de marzo, las autoridades argelinas impusieron la prohibición de celebrar protestas como parte de las medidas para combatir la COVID-19.

Las organizaciones de derechos humanos que participaban en el movimiento de protesta anunciaron la suspensión de éste mientras aumentaba el número de casos confirmados de COVID-19 en Argelia. Aun así, las autoridades siguieron reprimiendo a activistas de Hirak. Según profesionales del derecho que defienden los derechos humanos, al menos 32 personas detenidas arbitrariamente durante las protestas del movimiento Hirak siguen en prisión; 8 de ellas fueron detenidas después del comienzo de la pandemia, entre el 25 de febrero y el 13 de abril. Todas están procesadas en aplicación del Código Penal por diversos delitos, principalmente “dañar la integridad del territorio nacional”, “incitación a una reunión no armada” o “publicaciones destinadas a perjudicar el interés nacional”. Ninguno de estos cargos son delitos legítimos en derecho internacional puesto que criminalizan la libertad de expresión.

Amnistía Internacional entrevistó a ocho profesionales del derecho, cuatro activistas de Hirak, dos familiares de personas detenidas y a las familias de dos profesionales de los medios de comunicación. La organización también analizó varios documentos judiciales de procedimientos seguidos contra activistas.

Citación arbitraria de activistas

Según el Comité Nacional para la Liberación de Personas Detenidas (CNLD), entre el 26 de marzo y el 12 de abril, las autoridades citaron al menos a 12 activistas a las que interrogaron sobre las opiniones que habían expresado en Internet, en su mayoría en apoyo del movimiento de protesta Hirak.Con la detención y el encarcelamiento de estas personas, las autoridades no sólo las castigan por su libre expresión, sino que también ponen en peligro su salud, dado el riesgo de un brote de COVID-19 en la prisión. Heba Morayef. El 6 de abril, tres agentes de policía interrogaron a un activista y profesor de M’sila por sus publicaciones en Internet, entre ellas una imagen que incluía el texto “represión nacional”. Tres días después, otro activista de Hirak de la ciudad de Batna fue también interrogado en la comisaría local de Merouana por publicaciones en Facebook, como un vídeo emitido en directo en el que cantaba una canción protesta argelina. Ambos fueron puestos en libertad posteriormente, tras firmar sendas declaraciones sobre el interrogatorio. Los policías les dijeron que iban a enviar las declaraciones a la fiscalía para que se decidiera si se formulaban cargos contra ellos. Los dos activistas citados por la policía en M’sila y Batna contaron a Amnistía Internacional que no se habían adoptado medidas de protección frente a la COVID-19 durante los interrogatorios, que duraron al menos tres horas.

Juicios por motivos políticos

El 9 de abril, el Tribunal de Sidi Mhamed condenó al manifestante de Hirak y activista político y de derechos humanos Ibrahim Daouadji, detenido el 16 de marzo, a seis meses de prisión y al pago de una multa de 50.000 dinares argelinos (alrededor de 405 dólares estadounidenses) por un vídeo que había publicado en Internet en el que criticaba sus condiciones de reclusión tras haber estado en detención preventiva tres meses, entre noviembre de 2019 y enero de 2020.

El 6 de abril, el Juzgado de Primera Instancia de Sidi Mhamed de Argel condenó a Abdelouahab Fersaoui, director de Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), a un año de prisión y al pago de una multa por participar en las protestas de Hirak y por criticar la forma en que las autoridades trataban al movimiento de protesta en varias publicaciones en redes sociales.

El 24 de marzo, un tribunal de apelación de Argel condenó a Karim Tabbou, presidente del partido político de la oposición Union Democratique et Sociale (UDS), a un año de prisión y al pago de una multa de 50.000 dinares argelinos (alrededor de 405 dólares estadounidenses) por cargos similares por unos vídeos publicados en Facebook en los que criticaba el papel del ejército en las protestas de Hirak. Tabbou está procesado también en otro juicio cuya celebración está prevista el 27 de abril, por cargos de “dañar la integridad del territorio nacional” que podrían conllevar una pena de hasta 10 años de prisión, por un discurso que pronunció en la ciudad de Kherrata el 9 de mayo. Recluido en régimen de aislamiento prolongado en la prisión de Kolea, Tabbou su salud se ha deteriorado desde que sufrió una subida de tensión y un desmayo en el juicio el 24 de marzo. En un momento en el que todos los ojos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, están puestos en la gestión de la pandemia de COVID-19, las autoridades argelinas invierten tiempo a acelerar enjuiciamientos y juicios contra activistas, periodistas y simpatizantes del movimiento Hirak. Heba Morayef. El 7 de marzo, el activista político Samir Benlarbi y el coordinador nacional de las familias de personas desaparecidas Slimane Hamitouche fueron detenidos en Argel durante una protesta. El Juzgado de Sidi Mhamed los procesó también por “dañar la integridad del territorio nacional” e “incitación a una reunión no armada”. Ambos esperan actualmente juicio en la prisión de El Harrach, y podrían ser condenados a 10 años de cárcel.

Hostigamiento de los medios de comunicación

Los profesionales del periodismo también han sufrido el hostigamiento de las autoridades por sus entrevistas, sus artículos o su cobertura en medios de comunicación de las protestas.

El 15 de abril, el ministro de Comunicación Ammar Belhimer, reconoció que las autoridades, sin previo aviso, habían bloqueado dos medios de comunicación independientes online, Maghreb Emergent y RadioMPost, pendiente de “nuevas actuaciones judiciales” contra su director, Ihsane El Kadi, por “difamación e insultos” contra el presidente Abdelmadjid Tebboune.

El 27 de marzo, la policía detuvo en Argel al conocido periodista Khaled Drareni, corresponsal de TV5Monde y director de Casbah Tribune; actualmente está en la prisión de Kolea por sus informaciones sobre la protesta de Hirak del 7 de marzo. Está acusado de “incitación a una reunión no armada” y “dañar la integridad del territorio nacional”, delitos por los que podría ser condenado a 10 años de prisión.

Drareni ha cubierto las protestas desde el principio, grabando manifestaciones y publicando imágenes en su cuenta de Twitter.

Ante la proximidad del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional pide a las autoridades argelinas que respeten la libertad de prensa en el país, pues el periodismo nunca debería ser un delito punible con penas de prisión, concluye Amnistía Internacional