«Desde el inicio del estallido social, las Cortes de Apelaciones se han mostrado como una de las instituciones más reaccionarias ante el avance de las movilizaciones, favoreciendo en todo momento los intereses del Ministerio del Interior, del Ministerio Público y de Carabineros, en cuanto a aplicar la medida cautelar de prisión preventiva respecto a hechos vinculados a las protestas.
Lo anterior ha demostrado la voluntad política de las Cortes de Apelaciones de utilizar esta medida como herramienta de castigo y de control social sobre quienes desafían el orden imperante que opera en nuestro país, poniéndose una vez más al servicio de los poderosos y continuando así una funesta tradición que caracterizó a todos los Tribunales Superiores de justicia en la dictadura militar.
Son más de 2.500 las personas que han estado en las cárceles a raíz del proceso social abierto el 18 de octubre del 2019, pasándose por alto toda regla jurídica al concederse la prisión preventiva por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, llegando al absurdo de aplicarse a casos que ni siquiera arriesgan una pena privativa de libertad en la eventualidad de que exista condena. Claramente estas medidas desproporcionadas responden a una política de Estado de encarcelar masivamente a quienes han buscado romper con esta falsa paz social impuesta por los poderosos y así criminalizar las justas demandas sociales y apagar una revuelta que amenaza el orden de los ricos. Lo anterior se agrava aún más cuando se ha perseguido políticamente por parte de estos tribunales a los magistrados que han intentado tener una posición más decente y apegada a la ley vigente al debatirse el otorgamiento de la prisión preventiva, como sucedió con el sumario abierto al magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía Daniel Urrutia, o cuando se hacen diferencias tan aberrantes y evidentes en el tratamiento de las libertades, como sucedió con los militares violadores de derechos humanos recientemente favorecidos por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Respecto a esto último, señalar que estas aberraciones se hacen aún más evidente en la abismante diferencia de las condiciones de encarcelamiento de los asesinos de Punta de Peuco: mientras estos cumplen sus condenas en cárceles 5 estrellas los pobres encarcelados viven las prisiones en condiciones de hacinamiento infrahumanas.
Esta actitud nefasta de los Tribunales Superiores de Justicia se ha mantenido a pesar del contexto de pandemia del COVID-19, sabiendo los riesgos a la vida y a la salud de quienes ingresan a un penal en estas condiciones, por lo cual deben hacerse responsables de lo que suceda a quienes hoy están privados y privadas de libertad.
Por estas razones hacemos un llamado a denunciar y visibilizar el carácter reaccionario de los tribunales superiores de justicia y a continuar solidarizando con lxs presxs de la revuelta exigiendo el inmediato cambio de medidas cautelares.
De prisión preventiva a arresto domiciliario YA¡¡¡
El Peor virus es la indiferencia.
“COORDINADORA 18 DE OCTUBRE«