Desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos apuntaron al alto mando de la institución y a las autoridades gubernamentales por su responsabilidad en que uniformados implicados en violaciones a los DD.HH. sigan trabajando.

“Por supuesto que están trabajando, porque todavía no hay una acusación”, fueron las declaraciones del director general de Carabineros, Mario Rozas, refiriéndose a los funcionarios involucrados en los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, dos jóvenes que perdieron la vista al ser impactados por municiones disuasivas de Fuerzas Especiales. Esto luego de que Rozas fuese citado a declarar a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara por la situación actual de violencia.

Ante estas palabras, la Comisión Chilena de Derechos Humanos criticó los dichos de Rozas y la manera en que ha actuado la institución en el último tiempo. “Es una burla para el pueblo chileno. Justamente ayer todos los medios de televisión, y hoy en la mañana lo repetían, mostraron a Gustavo Gatica, un caso emblemático de un joven que perdió dos de sus ojos, apareciendo en la Plaza de la Dignidad con todo su coraje y valentía. Y ahora que salga el director general de Carabineros diciendo esta cosa aberrante de que estos carabineros están identificados y que todavía no se han tomado medidas porque no hay un juicio”, declaró Carmen Pinto, directora de esta agrupación.

Desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos, su director jurídico, Fernando Zegers, se refirió al nulo actuar de la institución para sancionar a aquellos funcionarios que estuvieron involucrados en dichos actos de violencia en contra de manifestantes.

“Estas declaraciones representan una soltura y un criterio, o más bien un descriterio, que es inaceptable para nosotros. Bueno, si efectivamente hay un sumario administrativo, por ejemplo, independientemente de la investigación penal, es posible suspender en el curso de este sumario al funcionario que está siendo investigado, pero este señor se ampara en que no hay ninguna acusación”, sentenció el abogado.

En un plano más general, Jaime Lorca, del Centro de Formación Memoria y Futuro, se refirió al aumento de violencia por parte de Carabineros y las responsabilidades del Gobierno en cuanto a esto.

“Aquí es evidente que en las violaciones sistemáticas y masivas que han estado ocurriendo, el Gobierno no ha ejercido el rol de proteger los Derechos Humanos y hacer uso racional y razonable de la fuerza, proporcional a las circunstancias. Esto es una situación que se acumula. Eso debemos de denunciarlo, debemos exigir verdad y castigo para todos los crímenes que están ocurriendo hoy en día en Chile, a lo largo de todo el país, especialmente hacia los jóvenes, hacia las mujeres y hacia los sectores de pobladores más desprotegidos de la sociedad”, recalcó Lorca.

Cabe recordar que según datos del INDH, en un periodo que comprende desde el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de febrero del presente año, la cifra de detenidos por Carabineros ascendía a las 10.365 personas, donde 1.249 casos corresponden a niños, niñas y adolescentes. Mientras que la cifra de heridos por Carabineros asciende a 3.765 personas desde el comienzo del estallido social hasta el 18 de febrero.

Las distintas agrupaciones de Derechos Humanos que se hicieron partícipe de estas denuncias hicieron un llamado a la movilización y protesta social de manera pacífica con miras del plebiscito convocado para el 26 de abril.

“Creemos que, con todas las insuficiencias y limitaciones, el plebiscito puede significar un avance hacia la plena recuperación de la soberanía popular”, explicó Carmen Pinto.