La exmandataria y flamante vicepresidenta se ha convertido en la figura que más miradas acapara durante el traspaso de mando y muchos se preguntan cuánto poder tendrá, cuál será su futuro judicial y cómo será su dinámica con el nuevo presidente.

Es inusual durante un traspaso de mando que el foco de atención esté puesto no en los presidentes que protagonizan la transición sino en la figura del vicepresidente que está por asumir. Pero eso es lo que ocurre en Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve al poder, cuatro años después de dejarlo, como segunda de Alberto Fernández.

Desde que la exmandataria sorprendió a todos anunciando que no se postularía a la presidencia, sino que sería la vice de su exjefe de Gabinete, muchos se preguntan cómo será la dinámica de poder entre «los Fernández», que lograron un contundente triunfo en las elecciones del 27 de octubre.

Sobre el papel, el nuevo rol de la flamante vicepresidenta es claro: su principal función será presidir el Senado, donde dirigirá las sesiones. A pesar de que solo podrá votar en caso de desempate, muchos descuentan que el cargo le dará cierto protagonismo y un palco desde el cual expresarse.

¿Pero qué hay del poder real? ¿Cuánto influirá en las decisiones de gobierno?

El tema desvela a la prensa local, que ha hecho todo tipo de especulaciones al respecto. Hay quienes están convencidos de que la exmandataria maneja a Alberto Fernández como una especie de títere. Después de todo -afirman- no es muy común que una candidata a vicepresidenta anuncie quién será su compañero de fórmula. Quienes sostienen esta teoría hacen hincapié en un par de hechos, que -aseguran- revelan que ella es la que manda en la dupla presidencial.

El primero ocurrió la noche del triunfo, cuando los gobernadores del peronismo que habían viajado a Buenos Aires para sumarse a los festejos en el «bunker» del oficialista Frente de Todos no pudieron subir al escenario junto con los principales candidatos. Varios periodistas que seguían la campaña aseguraron que fue «por órdenes de CFK».

Los mismos reporteros informaron que los principales encuentros que sostuvieron los Fernández se dieron siempre en lugares asociados con la exmandataria, incluyendo su departamento, lo que los más críticos leyeron como otra señal de «sumisión» del nuevo presidente. La distribución de espacios de poder, tanto en el nuevo Gabinete como en el Congreso, también fue interpretado por algunos como un triunfo del kirchnerismo sobre el «albertismo».

Poca presencia

Sin embargo, Fernández ha asegurado que estas conjeturas no tienen sustento y ha aclarado una y otra vez que será él quien llevará las riendas del poder en el nuevo gobierno. «El presidente voy a ser yo», repitió, con evidente frustración, cada vez que fue consultado al respecto.

Lo cierto es que más allá de las reuniones y las negociaciones políticas, que son parte de toda coalición gubernamental, Fernández fue el protagonista indiscutido de la campaña presidencial. Su vicepresidenta prácticamente no participó e incluso pasó extensos períodos de tiempo fuera del país visitando a su hija, quien recibe tratamiento médico en Cuba por algunos problemas de salud. «CFK» solo dejó algunos comentarios para la prensa -casi siempre polémicos, como es su costumbre- durante las varias presentaciones públicas que hizo de su biografía, «Sinceramente». También acaparó la atención mediática el día de la votación, cuando, ante el pedido de un periodista de que sostuviera una grabadora durante una improvisada conferencia de prensa, se excusó ante la posibilidad de que algo saliera mal con la frase: «Lo mío no es el periodismo». La oración fue considerada desafortunada porque recordó una de las características más cuestionadas de su presidencia: su mala relación con la prensa.

«Yo no soy Cristina»

Incluso su principal socio político, el flamante presidente Fernández, fue en su momento muy crítico con la exjefa de Estado. «Su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable», dijo sobre ella en 2015, cuando concluía el segundo de sus dos mandatos consecutivos. En ese entonces «los Fernández» eran rivales, y él se había convertido en uno de los mayores críticos de su exjefa, a quien sirvió como jefe de Gabinete durante siete meses, antes de renunciar a mediados de 2008.

Tras anunciar en mayo pasado que ambos encabezarían la alianza peronista-kirchnerista Frente de Todos, Fernández buscó distanciarse de las acciones más cuestionadas de su socia política, por ejemplo, la intervención del organismo que mide la inflación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que a partir de 2007 empezó a publicar cifras muy cuestionadas. Fernández ha tomado distancia de esa controversia, criticando la intervención y asegurando que se opone a la manipulación de las estadísticas. «Yo no soy Cristina», respondió, cuando los periodistas le endilgaron dichas acciones cuestionables de su compañera de fórmula.

Las causas judiciales

Pero donde Fernández sí ha defendido abiertamente a su vicepresidenta ha sido en lo relacionado a las muchas causas judiciales que enfrenta.

Desde que dejó el poder, la exmandataria fue procesada en una decena de casos de corrupción. Seis de esas causas ya fueron elevadas a juicio oral. Entre ellas se incluye la acusación de que favoreció a un empresario -presunto testaferro de su marido, el expresidente Néstor Kirchner- en el otorgamiento de obra pública. También la de que encabezó una asociación ilícita que lavaba dinero a través de un hotel de su propiedad, en sociedad con sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, quienes también están procesados en la causa. Además, enfrenta acusaciones de encubrimiento en un caso muy sensible para la opinión pública: el llamado «Memorándum de entendimiento con Irán».

Se trata de un pacto que firmó con Teherán en 2013 con el supuesto fin de avanzar en la investigación del peor atentado en la historia de Argentina: el ataque con explosivos contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que mató a 85 personas. En enero de 2015, el fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, denunció a la entonces presidenta, a su canciller y a otros funcionarios, acusándolos de usar el Memorándum para exonerar a los funcionarios iraníes acusados de estar detrás del atentado.

La muerte de Nisman, cinco días más tarde y horas antes de ampliar su denuncia ante el Congreso, hizo que esta tomara mayor trascendencia.

Fernández de Kirchner ha negado todas las acusaciones legales en su contra, asegurando que es víctima de una persecución política impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Cita como ejemplo el hecho de que ocho de sus procesamientos fueron dictados por el mismo juez, y los dos restantes por otro.

¿Qué dice Alberto Fernández?

Si bien Alberto Fernández ha cuestionado el Memorándum con Irán -aunque aclarando que se trata de un tema político que no debe ser judicializado- ha defendido férreamente a su vice de las acusaciones de corrupción.

En mayo, poco después de ser designado como candidato por Fernández de Kirchner, criticó a los dos jueces que llevan las causas en su contra. También dijo que era necesario «revisar muchas sentencias que se dictaron en los últimos años». Fue una referencia a las decenas de juicios que se llevaron a cabo desde 2015 contra exfuncionarios kirchneristas. La mayoría de ellos fueron detenidos bajo prisión preventiva, una medida que es muy criticada por Fernández, quien es abogado y profesor de Derecho. Otras personalidades también han denunciado que el uso de la prisión preventiva para detener a políticos es «arbitrario», entre ellos el papa Francisco, de nacionalidad argentina y afín al peronismo. Pocas semanas antes de asumir, Fernández habló más directamente sobre las acusaciones contra su vice. Durante una conferencia que dio en una universidad a comienzos de noviembre, comparó a Fernández de Kirchner con otros líderes «progresistas» de América Latina que también enfrentan denuncias judiciales. «(Rafael) Correa en Ecuador, Lula (Da Silva) en Brasil y Cristina, en Argentina, todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares», señaló. «Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente», afirmó. Fernández agregó que con su vicepresidenta «no pudieron avanzar porque el pueblo la eligió y le dio fueros y porque atrás estaba el peronismo».

Para algunos analistas, estas expresiones de quien supo ser tan crítico con la exmandataria forman parte de un acuerdo privado entre el presidente y su vice. El periodista Martín Rodríguez Yebra, del diario La Nación, lo llamó un «salvataje judicial» que forma parte de «la letra chica del contrato entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández». Pero lo cierto es que nadie ha presentado evidencias para sustentar estas afirmaciones.

¿Qué pasará con los juicios?

Más allá de las especulaciones, lo concreto es que los «fueros» de los que habló Fernández son los que han evitado la detención de la exmandataria, a pesar de tener varios pedidos de prisión preventiva.

Desde 2017 gozó de ellos por ser senadora. Ahora los tendrá como vicepresidenta. Solo el voto de dos tercios del Senado permitirían su desafuero, algo improbable tras las elecciones, que le dieron al peronismo la mayoría en esa Cámara. En cuanto a las causas judiciales, la mayoría de los analistas consultados por BBC Mundo creen que es probable que se «cajoneen» (término local que significa poner en un cajón -o archivar indefinidamente-). Es lo que sucedió en el pasado con la mayoría de la causas por corrupción contra exgobernantes, que se extendieron por tantos años que terminaron prescribiendo.

Quienes afirman que lo mismo ocurrirá con las causas contra Cristina Fernández apuntan a las señales que dio la propia Justicia a partir del inesperado y aplastante triunfo del Frente de Todos en las elecciones primarias de agosto pasado, en las que sacó una ventaja al macrismo de más de 16 puntos.

Siete «exfuncionarios K (kirchneristas)» que estaban detenidos por causas relacionadas con el fraude, las coimas y el lavado de dinero, entre otros, fueron liberados en las semanas posteriores a esa victoria.

Y dos días después de las elecciones de octubre, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Fernández de Kirchner en dos de las causas en las que era investigada. Sin embargo, también ha habido señales de que, por ahora al menos, la justicia sigue su curso. El mismo tribunal que anuló los dos procesamientos contra Cristina Fernández confirmó un tercero, por la cartelización de la obra pública. Y el pasado 2 de diciembre, una semana antes de jurar en el cargo, la vicepresidenta electa debió sentarse en el banquillo de los acusados para ser indagada en el primero de los seis juicios que enfrenta. Fue la primera vez en la historia de Argentina que un vicepresidente electo declaró ante la Justicia.

Para muchos argentinos, el mejor indicio de cómo actuará la Justicia durante el nuevo gobierno lo dará su accionar respecto a los máximos líderes del kirchnerismo que ya han sido condenados en los últimos cuatro años.

Tanto el ex vicepresidente Amado Boudou como el exministro de Planificación y mano derecha de CFK, Julio De Vido, recibieron penas de más de cinco años de prisión por causas de corrupción. Ambos están en la cárcel, pero no por esas condenas, ya que en Argentina las penas de prisión no suelen aplicarse hasta que el fallo esté «firme» (es decir, hasta que se haya agotado toda instancia de apelación). Están detenidos bajo prisión preventiva, la figura legal que critican Fernández y otros.

Es sobre esta base que ambos piden ser liberados, algo que -de ocurrir- sin lugar a dudas generará tantos aplausos como cuestionamientos sobre la imparcialidad de la justicia.