Por. Flor Antonia Singer  / Francesco Manetto.

Michelle Bachelet denuncia abusos policiales y el deterioro democrático en un demoledor informe tras su visita a Venezuela.

Graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos. Violencia y abusos policiales. Una cifra aterradora de muertes, 5.287 solo en 2018, atribuidas a la «resistencia a la autoridad». Una migración sin freno. En definitiva, un deterioro profundo de la democracia. Son algunas de las conclusiones del demoledor informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. El estudio, conocido este jueves, insta al Gobierno de Nicolás Maduro a «adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones» que asfixian a millones de personas. De lo contrario, advierte, «continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en él». El Ejecutivo rechazó el informe, que pide el desmantelamiento de las fuerzas especiales de la policía conocidas como FAES y de los colectivos armados, y presentó 70 alegaciones. Según Naciones Unidas, que se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos directos, el chavismo «ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo». A la crisis de la separación de poderes se añade una emergencia económica que el informe atribuye abiertamente no solo a la imparable hiperinflación sino también a «las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década», que han acabado por debilitar los sistemas de producción.

Pero las observaciones de la oficina son especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana.

Las fuerzas de seguridad

«Las FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares», señala el texto. Estos procedimientos se enmarcan, además, en un contexto en el que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados, «contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia». La alta comisionada recoge denuncias de esas ejecuciones, detenciones arbitrarias y persecución a los opositores. Presenta la cifra de 5.287 muertes, según el Gobierno de Maduro por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones de las FAES en 2018 y de las otras 1.569 asesinadas entre enero y mayo de este año. También destaca que un mes antes de su visita había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Dos visitas

La expresidenta de Chile visitó el país entre el 19 y el 21 de junio y se reunió con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ONG y actores de la sociedad civil. “Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, manifestó la alta comisionada. Cuando estaba a punto de salir de Venezuela, las autoridades detuvieron a un grupo de militares con la acusación de planear un atentado contra Maduro. Uno de ellos, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, murió bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El resultado de la autopsia, filtrado por funcionarios del Estado, apunta a que falleció tras sufrir torturas continuadas.

Desde 2004 Venezuela no recibía una evaluación en terreno de la situación de los derechos humanos. La visita de Bachelet fue antecedida por la de un cuerpo técnico que en medio de la crisis eléctrica de marzo recorrió cuatro ciudades del país y realizó entrevistas a activistas. El escrutinio al que se deja someter el chavismo ahora, luego de años de negarse a la visita de funcionarios de este tipo, ocurre en el momento en que Maduro, como líder de la revolución, está contra las cuerdas y el país enfrenta la peor crisis económica, política e institucional.

“El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es mínimo en relación con la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas económicas estructurales”. En otra parte del texto señala: “Exhorto a todas las personas con poder e influencia —tanto en Venezuela como en el resto del mundo— a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”.

Separación de poderes

A los datos, Bachelet contrapone en su informe las omisiones del sistema de justicia y critica duramente al fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, con quien tuvo un breve encuentro en su visita. “El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”.

El informe dedica un capítulo a las sanciones económicas aplicadas al país que sistemáticamente el Gobierno de Maduro ha atribuido como responsables de la actual crisis. En este apartado destaca que la mayoría de las sanciones son de naturaleza selectiva y consisten en congelación de activos y prohibiciones de viajes a unos 150 altos cargos. “La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria. El informe señala como origen de la crisis humanitaria que vive Venezuela «el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida».

El Gobierno de Maduro presenta 70 alegaciones

El Gobierno de Maduro presentó 70 observaciones al informe de Bachelet. Según el documento presentado por Cancillería, la ONU ofrece «una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena».

«Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país durante el año 2019», continúa el Gobierno. Además, según el Gobierno no se hace referencia a «otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano». Es decir, los subsidios contemplados por el llamado carné de la patria o la gratuidad de los servicios públicos. Cancillería niega también que en Venezuela existan «personas detenidas» por motivos políticos. Con estos argumentos, el Ejecutivo solicitó a Naciones Unidas que modificara el informe antes de su publicación.