Por Cristian Guzmán Z.
Abogado. Derechos Humanos Sin Fronteras.
Al igual que como ocurría en el siglo XX, los condominios habitacionales y por el aumento de la población en las grandes ciudades y centros urbanos, han ido bajando su calidad de vida, el valor de su propiedad, especialmente por el aumento de la población a causa de los procesos migratorios transnacionales.
En el caso actual, ha sido por la migración forzada desde Centro América, provocada por la desestabilización política y económica de esa región. Hasta ahí, todo parece más o menos “conocido”, sin embargo, la migración forzada es una oportunidad de negocios para los carteles de tráfico de personas, quienes rápidamente aprovechan el flujo humano, y crean rutas “seguras” para el tráfico de personas, que pagan suculentas cantidades de dinero a cambio de ser transportados desde sus países de origen hasta el lugar de destino. Y los que no pueden pagar, son tentados con ofertas de trabajo en el rubro de la prostitución o el contrabando. Así, se genera un mercado ilegal de tráfico de personas y mercancías que alimenta económicamente a los carteles que pueden comprar influencias e incrementar sus ganancias comprando prebendas de políticos y autoridades para garantizar la impunidad en sus actividades ilícitas.
Entonces, todas esas personas que llegan, van siendo colocadas en diferentes lugares dependiendo de las necesidades y oportunidades de negocios de las mafias transnacionales. Algunos son designados para administrar establecimientos del pequeño comercio, almacenes de barrio, restaurantes, quioscos, expendió de alcoholes, locales en mercados de abastos, comercio ambulante. Otros son ubicados en trabajos de casa, construcción, transporte urbano, otros van a la agricultura, los packing y la industria, como mano de obra barata.
Luego, muchos van a residir a campamentos, tomas de terrenos, casas en las villas o poblaciones periféricas, comunas del gran Santiago y los que mejor se desempeñan o tienen mejores contactos se les asigna o facilita un departamento en la zona centro de Santiago, ya sea el casco histórico o los barrios adyacentes, como la Vega, Mapocho, San Pablo, independencia, Recoleta, Santa Isabel, San Diego, Club Hípico, Avda. Matta, Huérfanos, Brasil, Estación Central y Franklin.
Muchos de estos nuevos residentes, son “recomendados” para arrendar departamentos en condominios residenciales, y acá la función del administrador es fundamental, porque es quién tiene el dato exacto de las viviendas, estacionamientos y bodegas disponibles y controlan el precio de los arriendos, y manejan una nómina de propietarios que hacen la vista gorda a los antecedentes o documentación de los inquilinos. Es el administrador el que actuando como un verdadero regente de prostíbulo, otorga la garantía sobre el nuevo arrendatario. El negocio del regente del condominio es en ambos sentidos, le cobra al residente que habitualmente es un inmigrante, una comisión o coima mensual, y lo subsidia con frecuencia en el pago de los gastos comunes, con cargo a los residentes o propietarios nacionales. El regente, le brinda protección al residente irregular. Lo “cuida” generando una especie de clientelismo residencial o comunitario que recíprocamente le entrega un respaldo popular dentro de la comunidad. Esto es de suyo en extremo grave. Significa que el regente, va adquiriendo un poder utilitario y territorial que va creciendo en la medida que aumenta el número de residentes informales, que sin ser propietarios participan de facto en la comunidad, y perpetúan al regente en el cargo de administrador. En este punto ya no hay rendición de cuentas a la comunidad, el edificio ha comenzado a deteriorarse por la mantención negligente y los servicios comunes, como lavandería, patios interiores, piscina, biblioteca, salón de eventos, quinchos, piscina, seguridad, personal de conserjería, ascensores, iluminación, etc. se van degradando al punto de bajar la calidad de vida original a un nivel básico similar a la de los antiguos CITÉS o CONVENTILLOS.
El regente, ha triunfado relativamente, porque no tiene competidor, ya que ha generado una alianza estratégica con los carteles del crimen organizado transnacional, quienes han tomado el control del edificio o condominio y el proceso parece irreversible. En este punto el regente ya ni siquiera rinde cuentas. Y la ley es tan débil que los juzgados de policía local, ni siquiera logran comprender la naturaleza del problema cuando se les invoca para resolver un conflicto entre “vecinos”.
En realidad los hechos superan por mucho las capacidades de los jueces de policía local para siquiera advertir la profundidad del problema que se ha generado en los territorios de su jurisdicción y competencia judicial.
En los hechos, las comunidades residenciales en el centro de Santiago han sucumbido ante la corrupción de las administraciones comunitarias que no tienen contrapeso en sus territorios.
El único remedio eficaz para este cáncer que se ha enquistado en las comunidades es la ejecución de medidas estructurales y la persecución penal de los regentes por la malversación de los fondos comunitarios y la administración desleal de las comunidades. La usurpación de la propiedad en algunos casos.
A esto se suma que, los regentes permiten, dando protección, haciendo la vista gorda, a los residentes el cultivo indoor de marihuana, o el comercio irregular interno, el arriendo o subarriendo de estacionamientos en las unidades vacantes, el uso de bodegas abandonadas, y de departamentos que están vacíos por abandono, muchos de los cuales simplemente son “tomados” por el regente y ocupados para diversos fines como el bodegaje o el arriendo clandestino.
Los regentes, son una especie de capataz, muchas veces sin patrón, ya que los propietarios con su actuar negligente, se valen de ellos para tener información sobre sus propiedades, pero la mayor parte del tiempo, solo están interesados en el pago de los arriendos de sus departamentos. En esas condiciones, el regente que ha dominado la residencialidad del condominio, tiene carta blanca para controlarlo todo, y como hemos dicho, sin siquiera rendir cuentas serias de su gestión.
Lo realmente grave de este nuevo estatus que se ha creado en las administraciones comunitarias, es que no existe un gobierno democrático, elegido transparentemente por los propietarios y que se ha formado una autarquía corrupta que alimenta de dinero sin límite a los regentes de las comunidades, y que lesiona la propiedad privada de los propietarios minoristas, esto es los que tienen uno, dos o tres departamentos, pueden incluso haber propietarios que tengan 10 departamentos, pero no es suficiente en una comunidad de 300, 400 ó 500 unidades, en que hay 200 residentes o más irregulares que tienen la protección del regente, por los ingresos en negro que esos ocupantes le generan.
El modelo de negocios del regente es exactamente el mismo que el usado en los campamentos o tomas de terreno ilegales.
Los que están perdiendo patrimonio son los propietarios, que ven mermada su inversión cada día con el deterioro estructural del edificio y sus servicios comunes, además del deterioro del entorno, el barrio en el que se encuentra el condominio.
Las amenazas a la seguridad son muchas:
Residentes violentos, muchos de ellos sin identidad conocida, con antecedentes penales por delitos graves y violentos, aumento de los homicidios, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, maltrato a los adultos mayores, problemas de salud mental, consumo y tráfico de drogas, incivilidades, mala convivencia, residencia irregular, consumo de alcohol en las inmediaciones, deterioro de espacios comunes, ascensores, pavimento interno a los estacionamientos en mal estado, por el uso indiscriminado de población flotante a causa de la sub-industria del arriendo de estacionamientos a personas ajenas a los condominios. Todo subsidiado por los propietarios, desvío de recursos humanos para atender la entrada y salida vehículos ajenos al condominio y su custodia, aseo de espacios comunes, deterioro de pisos y reemplazo de baldosas y repintado de paredes y reparación de techos, deterioro de portón eléctrico por la alta demanda de su uso.
Como se dijo, todo subsidiado por los propietarios en beneficio de empresas o terceros ajenos a la comunidad en un edificio que es residencial. Y todo por lo cual el regente recibe jugosas ganancias negras.
En resumen, el crimen organizado a colonizado los condominios y los administradores se han transformado en regentes de una administración corrupta que se ha asociado con el crimen organizado transnacional para explotar tanto el negocio inmobiliario como el tráfico de personas y el cultivo indoor de marihuana, así como una variedad de otros ilícitos asociados al contrabando, el comercio ilegal y el tráfico sexual, todo lo cual ha provocado la pérdida o disminución del valor en las propiedades de los edificios y un aumento injustificado de los gastos comunes.
La solución es organizarse, en comités de seguridad, y denunciar los actos de corrupción al ministerio público.
Crear nuevos comités de administración que reemplacen a los comités y administraciones corruptas. Juntar evidencias y buscar alianzas con las autoridades civiles y policiales.
En definitiva, erradicar la corrupción y a las regencias corruptas por medio de la organización social y comunitaria. //