El compromiso de respetar los DDHH y el incumplimiento de los estados. El caso Brahin Ghali y Sultana Khaya

Por: Erika Botero V.| Abogada. |Derechos Humanos sin Fronteras.

Los derechos humanos, como los conocemos hoy son el resultado de los aprendizajes que se han tenido como sociedad, muchas veces después de los episodios más oscuros de la historia en los que la crueldad y la barbarie sorprendieron al mundo. No cabe duda entonces que los derechos humanos son la gran conquista histórica de la sociedad contemporánea, en la búsqueda de la dignidad, igualdad y el progreso como consecuencia de la construcción de paz.

Si bien es cierto que los derechos son universales, existe una manera diferenciada de abordarlos y sobre todo, de garantizarlos. La responsabilidad de que los derechos humanos puedan tener un goce efectivo corresponde en mayor medida a los Estados, estos deben propender por que su actuar esté siempre delimitado por el irrestricto respeto a estos derechos y al cumplimiento de los acuerdos, leyes y tratados emanados de los mismos.

En consecuencia de lo anterior, se ha creado todo un sistema jurídico internacional que obliga a los Estados a cumplir sus responsabilidades y a incorporar estos mandatos en sus ordenamientos internosAsí las cosas, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas, se comprometen entre otras cosas, a respetar, promover y proteger los derechos humanos. Sin embargo, cuando se hace una observación minuciosa de la realidad, llama la atención que la “politización de los derechos humanos” ha quebrado el espíritu de universalidad de  éstos y ha ido dejando de lado los valores que cimentaron su aplicación y adopción por parte de casi todos los estados modernos y de los cuáles se han construido los sistemas jurídicos y el ideal de justicia, desarrollo y organización de las sociedades democráticas.

La politización que se menciona responde al interés de algunos grupos de tomar ventaja de situaciones particulares por encima de estos valores, del ideal de paz, del cumplimiento a los tratados internacionales que buscan el respeto y garantía de los Derechos Humanos.  Esta manera de actuar relativiza las acciones de algunos, defiende intereses particulares y piensa en los réditos que recoge un sector o un gobierno en particular, sin responder por las consecuencias para las naciones, grupos o países que padecen la vulneración de derechos o las crueldades de los conflictos y de la falta de justicia, y peor aún, de las atrocidades de la guerra; causando una deslegitimación de los Gobiernos, Estados y de las Organizaciones y sistemas que se han creado para  defender los Derechos Humanos  y luchar contra todas las formas de discriminación, protegiendo a  las minorías como  los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, entre muchos otros tópicos.

Algunos políticos  parecen haber olvidado que la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos y de sus derechos y que además sus acciones tienen consecuencias, muchas veces devastadoras para los pueblos que ponen en riesgo la frágil estabilidad de los países y regiones, afectando en mayor o menor medida a todos, cada vez más, en un mundo más globalizado, conectado e interdependiente. Por ejemplo, surgen cuestionamientos cuando se piensa en dos sucesos ocurridos en Europa en los últimos meses que ponen en evidencia que las acciones y la diplomacia de políticos, gobiernos y estados,  distan mucho del deber  ser en lo que respecta a  la protección y garantía de los derechos humanos y a la solución justa, sostenible y respetuosa de los conflictos. 

El primer suceso es la denuncia que realizó Marruecos a España por la presencia en su territorio de Brahim Gali, líder del  Polisario,  quien está acusado de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto en el Sahara.  La cuestionada actuación del Gobierno Español, en cabeza de la entonces Ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha sido cuestionada por no estar  conforme al deber ser a la luz de las responsabilidades en la garantía y protección de los tratados internacionales que se ratifican en pos la defensa de los derechos y que hoy la tienen vinculada a investigaciones por parte del juez Rafael Lasala. Como consecuencia de lo anterior, se desencadenó una crisis migratoria en Ceuta  de grandes proporciones, generando tensiones y roces diplomáticos entre España Y Marruecos.

Como si fuera poco, en días pasados, algunos miembros del Parlamento Europeo postulan a Sultana Khaya, al Premio Sájarov, postulación polémica y ofensiva no solo en términos de diplomacia sino de empatía con las víctimas y de la responsabilidad que se tiene con la paz y los derechos humanos, sino también porque es un atentado contra el sentido común. Para entender la magnitud de la implicancia de esta candidatura, hay que recordar que este premio es el homenaje de la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos y el premio implica el apoyo a la defensa de las causas de los galardonados, donde es irrisorio  que Sultana Khaya, partidaria de la lucha armada del Polisario, de la violencia como vía de resolución de conflictos que se ha valido de mentiras y fotografías falsas para justificar su actuar, sea propuesta para este premio y. por el contrario, esfuerzos reales como los que ha hecho Marruecos, en dónde la salida pacífica y negociada es la principal consigna.  Algunas de las  acciones en este sentido son, por ejemplo, las más de 23.000 solicitudes de reparación ante  la Instancia Equidad y Reconciliación, institucionalidad creada para la reparación y atención de las víctimas y para el respeto  y garantía de derechos humanos y la consecución de la paz.

No es posible entonces que en los gobiernos, políticos de turno y finalmente los estados promulguen declaraciones, ratifiquen Convenios y tratados y a la hora de actuar en defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz, primen intereses políticos particulares desconectados de la realidad, generando consecuencias dolorosas para las personas que habitan los territorios en conflicto,  atizando las tensiones e incumpliendo su deber de defender y proteger los valores que sustentan la democracia y la dignidad. Al parecer estos gobiernos  van a Dios rogando y con el mazo dando.

 

 

 

 

 

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