EL GASTO EN SALUD

EL GASTO EN SALUD

abril 3, 2020 Desactivado Por El Siete

Dr. André Grimblatt Hinzpeter.

En los últimos días, ha circulado en las redes sociales una frase del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dice así: “Lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, sino que bienes preciosos y que este tipo de bienes y servicios tiene que estar fuera de las leyes del mercado”.

Trayendo como un hálito de sentido común en medio de esta crisis en donde ha pesado más la caída de los indicadores de las bolsas de valores que el drama que viven las familias en el mundo, producto del Corona Virus.

En efecto, los países determinan, ya sea por medio de su orden constitucional y por medio de la legislación propia, aquellos rubros del presupuesto de la nación que corresponden a bienes y servicios necesarios para la nación y aquellos que no lo son y que son confiados a las leyes del mercado.

En el caso de Chile, como en la gran mayoría de los países, los gastos de defensa, como un primer ejemplo, son considerados como un bien y servicio necesario para la nación. No cabría, sin duda, en una mente la idea de confiar al sector privado la defensa de cada uno de los países del mundo o de algunos de ellos.

Si bien es cierto que Estados Unidos, junto a otros países, principalmente en el Golfo Pérsico han utilizado milicias que no forman parte de las Fuerzas Armadas, sino que son contratados para alguna misión bélica determinada; en cada una de las naciones del mundo las Fuerzas Armadas regulares están fuera de las leyes de mercado y responden ante un presupuesto de la nación que más que un gasto es considerado como un bien o servicio necesario para la nación.

Lo mismo ocurre con los gastos de seguridad pública. Nadie pensaría en confiar al mercado el actuar de Carabineros o de la PDI, aunque sus resultados dejen mucho que desear. Ambas son instituciones públicas con presupuesto propio, aprobado por los poderes del Estado y cumplen una función determinada que es considerada como un bien o servicio de utilidad pública. A pesar de que ambas instituciones presentan un fracaso importante en sus resultados en lo que se refiere a la prevención de la delincuencia, la prevención de los accidentes viales, el orden público o la investigación de los delitos, nadie en su sano juicio pensaría que podrían ser confiados a una empresa privada que haga funcionar las reglas del mercado.

Pensemos en un servicio público tan importante y esencial como son los bomberos, en el mundo entero y específicamente en Francia, el país del presidente Macron, donde los bomberos dependen del Ministerio del Interior y son funcionarios de la Policía Nacional. En el caso de Chile, los bomberos son voluntarios, aunque un porcentaje importante de los costos en el material que utilizan para asistir a las urgencias, corresponden al gasto público.  Es decir, el recurso humano es voluntario, la infraestructura pertenece corporativamente a los miembros de cada compañía y el material que se utiliza en las urgencias es financiado en parte por el Estado y en parte por los miembros de cada compañía. De la misma manera, para este caso, según memoria humana, nadie ha planteado, ni se le ha ocurrido plantear que las compañías de bomberos deban ingresar al sector privado y regirse por las leyes del mercado, lo que permitiría diferentes servicios, diferentes tarifas, estrategias de márketing, publicidad y sin duda, algún sistema social de ayuda para aquellas familias que no pudieren pagar el servicio. No. A nadie se le ha ocurrido aún. ¿Cierto?

De la misma manera que las hipótesis presentadas, a saber, defensa, seguridad, incendios, accidentes, etc., no cabrían en las mentes de nuestro país; tampoco cabe en la lógica del presidente de Francia, que el sistema de salud de Francia, ejemplar en el mundo, pueda ser confiado al mercado, sino que debe, como los otros servicios que hemos citado en este artículo, mantenerse en el sector público como un bien o servicio que la nación pone a disposición de sus ciudadanos.

En efecto, la definición y la caracterización del servicio público dependen de la voluntad de los ciudadanos de una nación la que se expresa en la Constitución, en la medida en que esta representa verazmente la voluntad ciudadana como es el caso de la Constitución de Francia aprobada por plebiscito en 1958 y que establece claramente la salud como un derecho ciudadano y como un servicio público a cargo de la administración de la República y con un sistema de financiamiento estatal de las inversiones y producto de las cotizaciones que determina la ley, cuando se trata de los gastos de funcionamiento operativo.

En estos momentos en que el dolor comienza a invadir nuestro país, así como el resto del mundo, es cada vez más necesario considerar la salud de cada uno de los habitantes de esta nación, como lo plantea el Presidente Macron; como un bien precioso que no debe ni puede formar parte del mercado.   

Y para lograrlo urge una nueva constitución democrática y legítima que obligue a los poderes del Estado a asegurar la salud de toda la población con financiamiento proveniente de cotizaciones indexadas en los sueldos y salarios y autorice también fórmulas privadas complementarias de salud; aunque la urgencia es repensar el sistema público de salud de los chilenos.