Rodrigo Lledó / Director de Stop Ecocidio Américas / Vicepresidente de Derechos Humanos Sin Fronteras
Es un concepto generalmente extendido que el Derecho es conservador y que va siempre a la zaga de las transformaciones sociales. Sin embargo, en materia ambiental cuando menos, esto está cambiando, pues el derecho está intensificando sus respuestas frente a la urgente necesidad de proteger el medioambiente.
En julio del año 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas dictó una resolución (A/RES/76/300), mediante la cual declaró que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable.
En el año 2021 la Fundación Stop Ecocidio convocó a un Panel de Expertos Independientes para elaborar una definición técnico-jurídica de ecocidio, así como una detallada propuesta de incorporación de este crimen en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
En febrero de este año el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva Directiva sobre delitos ambientales, que sanciona severamente los atentados más graves contra el medioambiente, incluyendo casos comparables al crimen de ecocidio. En el mismo mes Bélgica se ha convertido en el primer país europeo en incluir el ecocidio en su Código Penal.
Por su parte, hace tan sólo unos días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado a Suiza por no cumplir sus compromisos en materia ambiental, en perjuicio de un colectivo de mujeres mayores, que denunciaron como consecuencia la restricción indebida de sus derechos a la vida y a la salud, así como a una vida privada y familiar sin injerencias.
Este cambio de tendencia en el ámbito jurídico también se experimenta en otras latitudes.
En América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó en 2017 una Opinión Consultiva (OC-23/17) consagrando el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible. En 2020 la misma Corte reafirmó este derecho en un litigio contra Argentina y, hace apenas unos días, ha vuelto a aplicar este derecho en el casoHabitantes de La Oroya Vs. Perú.
Brasil y México se encuentran tramitando un proyecto de ley sobre ecocidio, Argentina tiene un anteproyecto que espera en el futuro encontrar un momento más propicio para su tramitación parlamentaria y Chile aprobó en agosto del año pasado la ley 21.595 que incorpora un nuevo título al Código Penal, sobre “Atentados contra el medio ambiente” en el que se incluye el delito de grave afectación ambiental, que incorpora la mayoría de los elementos del crimen de ecocidio.
El próximo 22 de abril, día de la tierra, se dará inicio en Santiago de Chile a la tercera cumbre de las partes del Acuerdo de Escazú, cuyo eje central de debate será la implementación práctica de este tratado regional para los países de América Latina y el Caribe sobre medio ambiente y protección de derechos humanos en materia ambiental. Stop Ecocidio participará de esta cumbre con un evento paralelo oficial titulado “Estrategias jurídicas comparadas en la protección de la naturaleza, el territorio y sus defensores”, que será transmitido online en español con traducción simultánea al inglés, en el que Pablo Fajardo (Ecuador) hablará del caso Chevron/Texaco, Aresio Valiente (Panamá) relatará el caso de inconstitucionalidad de un contrato minero que amenazaba con destruir áreas protegidas, Yolanda Zurita (Perú) comentará precisamente el caso Habitantes de La Oroya vs. Perú, Juana Calfunao (Chile) hablará de la petición de arbitraje internacional del pueblo mapuche para la restitución de los territorios ancestrales, y quien escribe estas líneas, en representación de Stop Ecocidio, tendrá ocasión de referirse a los avances de la propuesta de convertir el ecocidio en un crimen tanto a nivel internacional como en las legislaciones domésticas.
Un segundo evento paralelo tendrá lugar el día 24 de abril, organizado por Stop Ecocidio en conjunto con Chile Sin Ecocidio y la Universidad Central, titulado “Mecanismos nacionales e internacionales de protección del medio ambiente y sus defensores en el marco de la COP 3 de Escazú”. El primer panel abordará este tema desde la perspectiva académica, y el segundo desde la perspectiva de la sociedad civil.
Los llamados que hizo durante toda su vida Polly Higgins, co-fundadora de Stop Ecocidio, de cambiar la ley para proteger el planeta, parecen finalmente ser atendidos.
Germinan las semillas sembradas tiempo atrás por esta gran mujer que lo dejó todo por esta noble y urgente causa.
En vísperas del quinto aniversario de la partida de Polly Higgins, podemos decir que el Derecho está cambiando, y lo hace porque proteger el medio ambiente es tarea de todos y debemos abordarla desde todos los ámbitos, como habitantes que somos de nuestro planeta, o en palabras del Papa Francisco, de nuestra Casa Común.