LONDRES –  El espacio cívico se deteriora en Senegal antes de las elecciones presidenciales del próximo febrero. Las recientes protestas se han saldado con violencia letal y restricciones en Internet y las redes sociales. La democracia senegalesa se enfrentará pronto a una prueba clave, y su superación dependerá en gran medida de si se respeta el espacio cívico.

Conflicto político

Las recientes protestas han girado en torno al populista político y líder opositor Ousmane Sonko. Sonko quedó tercero en las elecciones presidenciales de 2019 y se ha convertido en la mayor espina clavada en el costado del presidente Macky Sall.

Se ha ganado el apoyo de muchos jóvenes que consideran que la élite política es corrupta, está desconectada y no está dispuesta a abordar los principales problemas sociales y económicos, como el elevado desempleo juvenil del país. También ha sido objeto de una reciente condena penal que sus partidarios insisten en que tiene motivaciones políticas.

El 1 de junio, Sonko fue condenado a dos años de cárcel por «corrupción de menores». Esta condena siguió a su detención por presunta violación de una joven en marzo de 2021.

Resultó absuelto de los cargos más graves -algo que ha preocupado a las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer-, pero su condena probablemente lo inhabilite para presentarse a las elecciones presidenciales de febrero de 2024.

La detención de Sonko desencadenó protestas en las que murieron 14 personas. Su condena desencadenó una segunda oleada de protestas. Sonko fue detenido de nuevo el 28 de julio por cargos relacionados con las protestas, entre ellos el de insurrección. Pocos días después, el gobierno disolvió su partido, Patriotas de Senegal por la Ética, el Trabajo y la Fraternidad, conocido como Pastef, su sigla en francés.

Es la primera prohibición de este tipo desde la independencia de Senegal en 1960.

Todo ello dio un nuevo impulso a los partidarios de Sonko, que acusan al gobierno de instrumentalizar el sistema judicial y penal para detener una amenaza política creíble a su permanencia en el poder.

Reacción represiva

En la última oleada de protestas se produjeron actos violentos, como lanzamiento de piedras, quema de neumáticos y saqueos. El Estado respondió con fuerza letal. Según estimaciones de la sociedad civil, desde marzo de 2021 han muerto más de 30 personas, más de 600 han resultado heridas y más de 700 han sido detenidas.

En reacción a las recientes protestas, el ejército se desplegó en la capital, Dakar. Se utilizó munición real y personas armadas vestidas de civil, evidentemente integradas en las fuerzas de seguridad, atacaron violentamente a los manifestantes.

Los periodistas fueron acosados y detenidos mientras cubrían las protestas. En los últimos años han aumentado las agresiones verbales y físicas a periodistas, así como las acciones judiciales para intentar silenciarlos.

Varios periodistas fueron detenidos por informar sobre el procesamiento de Sonko. El periodista de investigación Pape Alé Niang ha sido encarcelado tres veces en menos de un año.

El gobierno también ha limitado el acceso a internet y la cobertura televisiva. El canal de televisión Walf TV fue suspendido por su cobertura de las protestas. El 1 de junio se restringió el acceso a las redes sociales y el 4 de junio se cortó el acceso a internet móvil durante varios días. En este mes de agosto se bloqueó el acceso a TikTok.

Las restricciones perjudicaron tanto a la libertad de expresión como a los medios de subsistencia, ya que muchos pequeños comerciantes dependen de los datos móviles para sus transacciones.

Una métrica de Netblocks, una organización no gubernamental que supervisa la gobernanza en Internet, evidenció en junio la restricción de las redes sociales y plataformas como Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube en Senegal, en incidentes que se produjeron en paralelo a las protestas por la condena a Sonko.

Lucha por el tercer mandato

Uno de los principales motores de las protestas y de la campaña de Sonko fue la especulación de que Sall podría verse tentado a optar a un tercer mandato presidencial. La Constitución senegalesa parecía ser clara en cuanto al límite de dos mandatos, pero los partidarios de Sall afirmaban que las enmiendas constitucionales de 2016 habían reajustado el recuento.

Miles de personas se movilizaron en Dakar el 12 de mayo, organizadas por una coalición de más de 170 grupos de la sociedad civil y partidos de la oposición, para exigir a Sall que respetara el instituido límite de dos mandatos.

El 3 de julio, Sall anunció finalmente que no volvería a presentarse como candidato. Pero esto no ha acabado con las sospechas de que el partido gobernante, la Alianza para la República (APR), hará todo lo posible por mantenerse en el poder, incluso el utilizar los resortes del Estado para debilitar a la oposición.

Hay precedentes: antes de la reelección de Sall en 2019, dos destacados políticos de la oposición que podrían haber sido un serio reto para el presidente candidato fueron excluidos.

En ambos casos, apenas unas semanas antes de las elecciones, el Consejo Constitucional los declaró inelegibles debido a condenas previas por cargos de corrupción que, según la opinión general, tenían una motivación política.

Que Sonko y Pastef podrían haber tenido alguna posibilidad en 2024 lo sugirieron los resultados de las votaciones de 2022.

En las elecciones locales, el APR perdió el control de Dakar y Sonko fue elegido alcalde de la ciudad de Ziguinchor. Y en las elecciones legislativas, el APR perdió 43 de sus 125 escaños y el Pastef quedó segundo, con 56 escaños, sin que ningún partido obtuviera la mayoría absoluta.

Reputación en juego

Senegal gozó durante mucho tiempo de reputación internacional por ser un país relativamente estable y democrático en una región que ha sufrido numerosos reveses democráticos.

Con países de África Occidental como Burkina Faso, Guinea, Malí y ahora Níger bajo control militar, y otros como Togo que celebraron elecciones profundamente viciadas, Senegal destacó. Ha celebrado varias elecciones libres con alternancias en el poder.

La activa y joven sociedad civil del país y unos medios de comunicación relativamente libres han desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de la democracia. Cuando el presidente Abdoulaye Wade (2002-2012) intentó un tercer mandato inconstitucional en 2012, las organizaciones sociales se movilizaron para impedirlo.

El movimiento Y’en a marre (Estoy harto) consiguió el voto de los jóvenes para derrotar a Wade en favor de Sall. El propio Wade logró tener a su favor una ola juvenil similar en  2000. Por ello, Sall y su partido son conscientes del poder de los movimientos sociales y del voto juvenil.

Recientemente se dio un pequeño paso adelante cuando el parlamento votó a favor de que los dos candidatos de la oposición que habían sido vetados en 2019 pudieran presentarse en 2024. Pero el gobierno debe hacer mucho más para demostrar su compromiso con las reglas democráticas.

La defensa de los derechos de protesta sería un buen comienzo. El uso reiterado de la violencia y la detención de manifestantes apuntan a un problema sistémico. Nadie ha rendido cuentas por los homicidios y otras violaciones de derechos. Ya es hora de que se rindan cuentas.

Hay que respetar la libertad de los medios de comunicación y poner en libertad a las personas detenidas por ejercer sus libertades cívicas. Para que Senegal esté a la altura de su reputación, Sall debe esforzarse por pasar a la historia como el presidente que mantuvo viva la democracia, no como el que la enterró.

Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.

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