Tras encabezar una reunión en medio de la emergencia por Coronavirus, el Presidente Sebastián Piñera decretó estado de catástrofe en todo el territorio nacional a partir de las 00.00 horas del jueves y por 90 días.
La decisión fue anunciada luego de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmara que hasta el momento hay 238 personas diagnosticadas por COVID-19.
El objetivo de esta medida, según explicó Piñera, consiste en “dar mayor seguridad a los hospitales y todos los sitios de atención de salud; proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos; facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación de personas; resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social; garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población y proteger y resguardar las fronteras”.
Durante su intervención, el Mandatario dijo que desde los primeros días de enero “el gobierno elaboró un plan de acción para enfrentar la crisis” y realizó un balance de la gestión realizada durante los últimos dos meses.
En esta línea, Piñera envió un mensaje de “tranquilidad a los chilenos” porque el país “está preparado” para esta emergencia. Además realizó un llamado a la “unidad” y “responsabilidad en la toma de decisiones y no improvisaciones sin análisis”.
Estado de catástrofe
Según establece la ley, durante el estado de catástrofe el jefe de Defensa Nacional puede “ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes”.
Junto con esto, la autoridad tiene la atribución de “determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada”.
Está entre sus facultades, además, “establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público” e “impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública”.