En comunicado público, a tres meses de iniciado el estallido social, la Comisión Chilena de Derechos Humanos expresó su preocupación por la actitud asumida por el Gobierno para enfrentar el legítimo derecho a la protesta pacífica ejercido por millones de chilenas y chilenos, a partir del 18 de octubre pasado.

“Las cifras de víctimas dan cuenta de una grave, masiva y sistemática violación a los derechos humanos provocada por la acción de agentes del Estado, tal como lo consignaron los Informes de organismos internacionales, como el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y el emitido por Amnistía Internacional”, sostuvieron en el documento.

Según el último Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que refleja gran parte de los casos ocurridos en el país, se han producido 3.649 personas heridas, de las cuales 269 corresponden a niños, niñas y adolescentes; 405 chilenos y chilenas sufrieron heridas oculares, y 2.063 fueron heridos por disparos; se han producido casi 10.000 detenidos y sólo el INDH, ha presentado 5 querellas por homicidio, 17 por homicidio frustrado, 770 querellas por torturas y 158 por violencia sexual. “A su vez, las demandas que motivaron el estallido social, no han sido escuchadas por el Gobierno“, agregan.

“Ninguna medida se ha traducido hasta ahora, en propiciar los cambios estructurales al modelo económico social y político imperante, que permitan que derechos sociales fundamentales, como el derecho a la salud, a la seguridad social, al trabajo decente, a la remuneración justa y a la vivienda digna, entre otros, sean debidamente garantizados, tal como lo establecen los Pactos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, y por tanto, de cumplimiento obligatorio, particularmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales”. “Muy por el contrario, el Gobierno ha impulsado iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis, como la cuestionada reforma a Fonasa, la que según expertos, sólo conducirá a la privatización del Sistema de Salud Pública, ya precarizado. Del mismo modo, ha promovido una reforma de pensiones que consolida la capitalización individual y el modelo de las AFPs, alejando toda posibilidad de avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social”.

“Al mismo tiempo, el Gobierno ha priorizado una serie de iniciativas legislativas, de la denominada Agenda de Seguridad Pública, (Ley Antisaqueos y Antibarricadas), que han sido cuestionadas por Naciones Unidas por comprometer gravemente el derecho a reunión y a la manifestación pacífica. Aun así, ha persistido en su empeño”, agregan.

“En suma, un Gobierno que no escucha las demandas mayoritarias del pueblo chileno, que desoye las recomendaciones de Naciones Unidas, que defiende el statu quo a través de iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis y cuyo único sostén de apoyo es la fuerza de la represión, violando los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, convierte al Presidente elegido democráticamente en ilegítimo, carente de autoridad, por incumplir su principal deber de mandatario, cual es acatar y defender los legítimos intereses de su mandante, el pueblo chileno, y el de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en los Pactos y Convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile, incurriendo con ello, en grave responsabilidad ante los órganos del Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional”, indica la Comisión Chile de Derechos Humanos en el comunicado.

“Frente a esta compleja situación, fiel a nuestra misión institucional, la Comisión Chilena de Derechos Humanos seguirá respaldando el legítimo derecho humano a la protesta social, y continuará defendiendo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, denunciando a sus autores materiales e intelectuales, tanto ante los tribunales nacionales como ante las instancias internacionales, procurando Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición, hasta alcanzar la verdadera Paz social, aquella fundada en un sistema democrático genuino, forjado a través de un genuino ejercicio de la soberanía popular, y que respeta y garantiza los derechos humanos de todas y todos”, finaliza.