La profesora de historia detenida en las inmediaciones de la UMCE en posesión de un explosivo del tipo molotov y que generó debate sobre el tipo de profesionales que podemos encontrar en nuestras aulas ha sido identificada como Daniela Paredes y figura como miembro de la organización Londres 38, dedicada al activismo de Derechos Humanos.

Su perfil profesional puede hallarse en la web de la organización, figurando como “Licenciada en Historia en la U. de Chile. Diplomado “Cultura, política y sociedad en América Latina. Siglo XX”, Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. Actualmente cursa Licenciatura en Educación con mención en Historia y Geografía y Pedagogía en Educación Media en Asignaturas Científico–Humanistas con mención en Historia y Geografía.”

La organización, establecida en un lugar que fue centro de tortura política, se dedica a actividades de índole educativa y testimonial como lo son talleres y conversatorios en los cuales Paredes fue muchas veces protagonista.

En el sitio web del organismo se puede leer un comunicado sobre la postura de la entidad ante el caso: “Rechazamos la exposición y criminalización pública que se ha producido desde el duopolio mediático, ignorando la presunción de inocencia, condición básica del debido proceso y la existencia de una investigación judicial en curso sobre estos hechos. Asimismo rechazamos el vínculo que se ha pretendido establecer con Londres 38. La opinión pública conoce la labor y trayectoria de nuestra organización centrada en la defensa de los derechos humanos y la irrestricta exigencia de verdad y justicia.”

Además aprovecharon de referirse al proyecto de Ley Aula Segura como justificación de su radical postura: “Junto con ello rechazamos el incremento de las medidas de represión y persecución, práctica heredada de la dictadura que el gobierno pretende ahora llevar a las aulas a través del proyecto legislativo Aula segura, declarado inconstitucional por la Comisión de Constitución del Senado. Estas medidas desconocen el verdadero origen de la violencia, responsabilizando a quienes la han sufrido recientemente a manos de agentes del Estado, entre ellos, los estudiantes, feministas, trabajadores, el pueblo mapuche, ambientalistas y pobladores.”

Cabe destacar que en la presentación del colectivo colocan entre sus definiciones: “La memoria es una construcción social y un derecho que debe ser garantizado por el Estado mediante una política pública integral.”