Cecilia Rivera

Con tranquilidad y satisfacción fue recibida la reciente aprobación del informe de la Comisión Investigadora de la Operación Huracán por parte del vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fuera uno de los ocho comuneros mapuche que fueron detenidos en medio del polémico operativo policial ocurrido en septiembre del año pasado en la Región de La Araucanía.

El informe elaborado por la Comisión Investigadora, aprobado por unanimidad, establece responsabilidades políticas para el ex ministro del Interior, Mario Fernández, y el ex subsecretario de la cartera, Mahmud Aleuy, tras acreditarse la existencia de pruebas falsas para detener a los comuneros por su presunta participación en una serie de atentados incendiarios en el sur del país. En conversación con Radio Universidad de Chile, Llaitul aseguró que el informe elaborado por la Comisión no hace más que confirmar la persecución histórica de la que es víctima el pueblo mapuche, y corroborar la versión que siempre defendieron los comuneros, al señalar que dicha operación se trató de un montaje.

“Esta situación la veníamos afirmando desde el principio, cuando fuimos llevados a proceso e hicimos las denuncias de lo que estaba detrás de una operación de este tipo. Nos atrevimos a hablar con mucha fuerza respecto de la responsabilidad del Estado chileno en este montaje, y en el que estaba comprometida la responsabilidad política a más alto nivel”, señaló.

En esa línea, el dirigente criticó el rol que jugaron los medios de comunicación en la difusión de esta operación. A su juicio, gran parte de la prensa hizo eco de la estigmatización que pesa sobre su pueblo y de la “demonización” que el Estado ha promovido en torno al conflicto mapuche.

“También podemos mencionar los alcances que tienen que ver con la actuación de otros entes y que responden al poder que se ha confrontado en este conflicto histórico del Estado chileno en contra de nuestro pueblo nación, y tiene que ver con los medios de comunicación y cómo operaron en contra del movimiento mapuche y, muy particularmente, en esta estigmatización de la que siempre hemos sido objeto y que de alguna manera daba eco al tratamiento que el Estado chileno tiene con nuestro pueblo”, enfatizó.

La diputada Emilia Nuyado, integrante de la Comisión Investigadora, destacó la importancia de que se reconozca la responsabilidad política de las autoridades frente a situaciones que se alejan del correcto actuar de las instituciones llamadas a resguardar la seguridad pública.

“Este es un informe que va a dar en cuenta al final de que todos los que estuvieron involucrados aquí deben asumir su responsabilidad del rol que le correspondió y que esto en Chile jamás vuelva a ocurrir. Donde se dejó hacer, donde se dejó en plena libertad de que ellos tengan todas las facultades”, dijo.

El informe, que pasará a la Sala de la Cámara de Diputados para su votación, también determina las responsabilidades del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y del ex jefe de Inteligencia, Gonzalo Blu, quien se encuentra en prisión preventiva por asociación ilícita.

El escritor y periodista de etnia mapuche, Pedro Cayuqueo, valoró el informe como una prueba más de la injusticia y la persecución de la que fueron víctima los ocho comuneros.

“Es relevante que la Comisión del Congreso haya establecido estas responsabilidades. Es algo que el movimiento mapuche y distintas agrupaciones, entre ellas la CAM, que ha sido directamente acusada en la Operación Huracán, habían señalado, que esto trascendía la jefatura policial y que aquí había responsabilidades políticas desde el más alto nivel. En ese sentido, creo que la labor de la Comisión apunta a quienes fueron los responsables intelectuales de esta operación de inteligencia que identifica claramente al ex subsecretario Aleuy y al ex ministro Fernández”.

El texto aprobado por la Comisión también incluye recomendaciones para reformar a Carabineros, las que consideran la creación de un sistema de control para la contratación de colaboradores del organismo, así como establecer órganos de control civil interno y externo que regulen el actuar de los funcionarios. Asimismo, la Comisión también insta a reformar el Sistema Nacional de Inteligencia y a modificar la Ley de Inteligencia, a fin de establecer el uso exclusivo de la información y así evitar montajes.