Más de 700 detenidos durante la crisis poselectoral de Venezuela fueron trasladados a dos cárceles de máxima seguridad durante la última semana en medio de «irregularidades», indicó este sábado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). «El régimen de Nicolás Maduro concretó el traslado de más de 700 presos políticos, detenidos arbitrariamente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, quienes se encontraban en calabozos policiales de todo el territorio nacional y fueron llevados hasta las cárceles de Tocuyito (Carabobo, centro) y Tocorón (Aragua, centro)», dijo el OVP en una nota de prensa.
En este contexto una misión de la ONU asegura que más de cien menores de edad fueron detenidos tras las protestas contra Maduro. Los traslados se realizaron el 25, 27 y 30 de agosto y «se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares. Muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales», añadió la ONG.
Hasta el 1 de septiembre se registran más de 2.400 personas detenidas durante las protestas, entre ellos un centenar de adolescentes que se manifestaban contra la reelección de Maduro el pasado 28 de julio, cuando fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude de la oposición que reivindica el triunfo de Edmundo González Urrutia.
A inicios de agosto, Maduro, amenazante señaló que alistaría las cárceles de Tocorón y Tocuyito -que estuvieron por años bajo el control de bandas criminales- para recluir a los detenidos en las protestas.
«Todos los guarimberos (manifestantes) van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad», dijo Maduro en ese entonces.
Según el OVP, las autoridades no ofrecen información sobre los detenidos. «Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas en los días anteriormente mencionados se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza».
Del total de 2.400 detenidos, unos 1.581 han sido registrados como «presos políticos» por la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de encarcelados por motivos políticos en el país. La organización, no obstante, continúa recibiendo denuncias y contabilizando casos. Las manifestaciones también han dejado 27 muertos y 192 heridos.