Fuente: Tribuna Libre/ España.
La decisión de Argelia de delegar la gestión de los campamentos de Tinduf al polisario, milicia paramilitar, es una violación del derecho internacional, afirmó Hubert Seillan, abogado en el Tribunal de Apelaciones de París.
La ubicación geográfica de los campamentos en el territorio argelino, junto con su gestión, de hecho, por el polisario, es «ilegal desde el punto de vista del derecho internacional», destacó Seillan en una entrevista al programa «el debate del Sáhara».
No puede haber delegación de soberanía, y por lo tanto de responsabilidad, por parte de un Estado a un actor no estatal, militar, autoproclamado además en su territorio, afirmó el experto, añadiendo que la falta de un marco legal claro que rija la condición de las poblaciones de Tinduf es una situación «excepcional y sin precedentes» en el marco del derecho internacional. Esta situación fue confirmada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de Argelia, adoptado por el Comité en su 123 sesión, en julio de 2018, en los que el Comité había expresado «su preocupación por la devolución de facto por Argelia de sus poderes, especialmente jurisdiccionales en el polisario». Las afirmaciones del abogado Seillan coinciden con la denuncia que recientemente realizara Derechos Humanos Sin Fronteras al denunciar un juicio militar del frente Polisario en contra de tres jóvenes disidentes Saharahui en que afirmaba: “el mencionado proceso carece de legitimidad jurídica al efectuarse dentro de un país, Argelia, que es el encargado, a través de su propia institucionalidad, de administrar justicia, sin que en ello puedan intervenir terceros, en cuyo contexto el llevar adelante un juicio sin las garantías minimas de un debido proceso y por tribunales ajenos a la institucionalidad del país en que se realiza carece absolutamente de legalidad, permitiendo con ello que, esta grave denuncia, sea puesta en conocimiento de una corte internacional para que resuelva si Argelia cumple con los tratados internacionales que ha firmado sobre esta materia, especialmente lo referente al reconocimiento de tribunales paralelos dentro de un país, lo que significa delegar autoridad y soberanía”.
Esta «realidad tangible», destaca Seillan, tiene dos cordones de seguridad, el primero del ejército argelino y el segundo del polisario, que impiden el acceso y las salidas de los campamentos de Tinduf, «secuestrando de facto a las poblaciones de los campamentos en una situación de ilegalidad».
Llevando la delegación de la soberanía al extremo, Argelia incluso decidió dejar la carga de manejar la pandemia de Covid 19 a una milicia armada que no tiene la autoridad legal ni la capacidad técnica, afirma el abogado francés.
Refiriéndose a la situación de los derechos humanos en los campamentos, Seillan señaló responsabilidades en la desaparición de Ahmed Khalil, ex líder del «polisario» del que es abogado, arrestado por Argelia y desaparecido desde el 6 de enero de 2009. También recordó la gravedad de las violaciones de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf reflejadas claramente en el último informe del Secretario General de las Naciones Unidas, del 2 de octubre de 2019, en el que se menciona la información recibida por el ACNUR sobre el acoso, arresto, detención arbitraria y malos tratos de un defensor de los derechos humanos y un blogger involucrado en la documentación de violaciones de los derechos humanos en la región, ambos detenidos en junio de 2019.