Ernestina Fuentes C. – Periodista www.elsiete.cl
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos se han convertido en una verdadera piedra en el zapato para gobiernos de distinto signo que, de una u otra forma y en diversos lugares del planeta, se han visto obligados a responder sobre denuncias y testimonios sobre el atropello a estos derechos. Cada año Human Rights Wach y Amnesti, publican reportes sobre esta materia en casi 100 países y no pocas veces su objetividad ha sido cuestionada por instituciones de la sociedad civil, quienes acusan a estas verdaderas transnacionales de los DDHH de ser influidas por otros intereses, lo que se reflejaría en los informes que, a comienzos de año, se entregan en Nueva York o Londres.
Uno de estos ejemplos es la carta que, desde Chile, envío hace 2 años al director ejecutivo de HRW el Centro de estudios del Magreb con observaciones al informe 2018 donde dice: “En cuestiones de forma es importante señalar que muchas veces (algunas con la mejor intención), se cometen errores en el análisis de HRW, debido a que se escuchan versiones sin un trabajo de campo que permita confrontar hechos y dar consistencia a los estudios, entrega una impresión equivocada en el sentido de que la objetividad es reemplazada por la tendencia política o ideológica, como ocurre en el norte de África con el frente polisario”. Y agrega:
“Es lamentable que una denuncia con graves atropellos a los DDHH que comete este grupo, como señala el informe 2009 de HRW, se mantenga en el tiempo y que el informe 2018 no lo considere, como tampoco la situación judicial de los dirigentes del frente Polisario quienes, en tribunales de España y otros lugares, se encuentran investigados por crímenes de lesa humanidad, robo de ayuda humanitaria, secuestro de hombres, mujeres y niños, además de una estrecha y confirmada relación con el tráfico de armas y drogas, lo que nos lleva a compartir plenamente con Human Rights Wach que, en su informe 2009, exige que: “La comunidad internacional debe pedir cuentas al gobierno de Argelia, y al Frente Polisario por cualquier violación cometida por este último”.
Esta situación, que se ha repetido durante años y muy parecida en otros lugares del mundo, con el importante apoyo de madres y abuelas de plaza de Mayo, motivó a un grupo de personas a constituir: DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS que, en su carta fundacional firmada en Buenos Aires y haciendo referencia a HRW y Amnesti dice: “Lamentablemente constatamos que estas instituciones, en sus informes, han dejado de cumplir este mandato, dejando ver en ellos influencias externas que nada tiene que ver con el respeto irrestricto y la defensa de los derechos humanos, cualquiera sea el lugar o la circunstancia donde estos sean violados. Frente a esto, 14 organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica, preocupadas por un correcto cumplimiento de la carta de Naciones Unidas firmada en 1948, han resuelto constituir DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS que, sin limitación ni discriminación de ningún tipo, se preocupe de proteger estos derechos con un trabajo de campo real y efectivo, que escuche a los involucrados y otorgue garantía de objetividad a todas las partes en sus informes”.
Cumpliendo su objeto, durante el último año DHSF ha establecido contacto con organizaciones defensoras de los DDHH en 3 continentes y ampliado la defensa de estos derechos al mundo del trabajo donde importantes centrales y confederaciones de trabajadores se han comprometido a crear en sus organizaciones un departamento de derechos humanos. En el marco de la pandemia que estremece al mundo, DHSF ha puesto el acento en sectores vulnerables que no cuentan con ingresos regulares, gente de calle, o quienes están privados de libertad. Un ejemplo de esto es la carta enviada por DHSF al ministro de justicia y derechos Humanos de Chile a raíz de incidentes en recintos carcelarios donde dice:
“como DDHH Sin Fronteras pensamos que la defensa de estos derechos es universal y no solo para algunos, por lo cual solicitamos que las medidas que se adopten para cuidar la salud de personas encarceladas, se extienda a quienes no han cometido delitos de sangre, tampoco violaciones, mayores de 75 años y quienes se encuentren en prisión preventiva, cuyas condenas no excedan los 5 años de cárcel, cambiando estas por libertad vigilada o arresto domiciliario, lo que permitiría reducir considerablemente los focos de conflicto”.
Las observaciones para proteger personas vulnerables durante la pandemia son propuestas porque DHSF está convencida que las vidas humanas son más importantes que el mercado, aprendiendo de las enseñanzas y medidas concretas que en esta dirección han tomado gobernantes tan disimiles como la canciller de Alemania, el rey de Marruecos o los presidentes de Francia y Argentina entre otros.
DHSF entregara a fines de junio en Buenos Aires un informe sobre el estado de los derechos humanos en: Argentina, Argelia, Brasil, Bolivia, Haití, Chile, Colombia, Ecuador, Libia, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, para lo cual y asesorados por especialistas, trabajan sus dirigentes encabezados por las destacada académica de la UBA y activista de los DDHH Rosina Mediavilla, secundada como sub director ejecutivo por Juan C. Moraga D. que, durante la dictadura de Pinochet, sufriera prisión política y tortura.
Recientemente y en programa de la TV argentina la directora ejecutiva de DHSF decía: “Los derechos humanos deben ser defendidos donde quiera sean violados, no importando el país o la tendencia política de sus gobiernos. Es inaceptable que quienes dicen defenderlos se dejen influir por ideologismo, intereses económicos o autoridades. El respeto a los Derechos Humanos debe ser universal, para todos, o es una pantalla que oculta otros intereses”.
Estaremos atentos a su trabajo y el informe de junio.