La  tarde de este lunes el Tribunal Constitucional realizó una sesión especial para analizar el recurso presentado por parlamentarios de Chile Vamos, que buscaba incorporar a internos de Punta Peuco dentro del beneficio. 7 ministros votaron en contra del requerimiento y 3 a favor.

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió este lunes sobre el recurso presentado por senadores de Chile Vamos quienes acusan «discriminación» por no incorporar a internos de Punta Peuco en el proyecto presentado por el gobierno, y apoyado por la oposición, que busca descongestionar las cárceles del país por el coronavirus.

La votación se prolongó hasta pasadas las 20 horas. Y tal como adelantó T13.CL, finalmente una mayoría de 7 ministros se inclinaron por rechazar el recurso y lograr que la normativa que conmutará la pena a cerca de 1.300 personas de distintos centros penitenciarios del país sea promulgado por el gobierno. Los siete votos correspondieron a la Presidenta del Tribunal, María Luisa Brahm, además de los ministros Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Pica. A favor, en tanto, se pronunciaron Iván Aróstica, Juan José Romero, y José Ignacio Vásquez.

Si bien queda pendiente la resolución respecto del recurso presentado por diputados de Chile Vamos en las últimas horas, ambos apuntan a los mismos argumentos lo que hace suponer que tendría el mismo destino que el de los senadores.

Fue a través de la aplicación Zoom que el Tribunal Constitucional realizó la audiencia para abordar el el requerimiento presentado por senadores de Chile Vamos, quienes acusan «discriminación» en el proyecto de indultos conmutativos con que el gobierno busca disminuir la población carcelaria en el contexto de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa despachada por el Congreso contempla la posibilidad que reos hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 55 con, enfermedades basales o que estén condenados por delitos de baja peligrosidad puedan cumplir sus condenas en arresto domiciliario. Sin embargo, los partidos del oficialismo cuestionaron que la norma dejara fuera a los internos del penal Punta Peuco, quienes cumplen condenas por delitos de lesa humanidad.

Durante la sesión se dio lectura a un documento del gobierno, en que se enfatiza que la normativa «en caso alguno responde a una discriminación arbitraria».

«Es atendible que ante delitos de mayor gravedad se mantengan cumpliendo sus penas en recintos custodiados por el Estado», agregó el documento que lleva la firma del Presidente Piñera.

Previo a esto, se realizó una primera audiencia, donde se permitió plantear su postura respecto al recurso por parte de diversos organismos, actores de la sociedad civil y parlamentarios de oposición.

Uno de ellos fue el INDH, que advirtió que «una demora en la ley de indulto es literalmente fatal». «El INDH ha estado presente en distintos puntos de reclusión de todo Chile y hemos podido constatar las malas condiciones en que cohabitan internos y gendarmes». En tanto, el abogado Luciano Fouillioux, en representación de la Fundación Ciudadana de DD.HH acusó una  “deslealtad política” por parte de Chile Vamos.

Por su parte, la diputada de RD Natalia Castillo advirtió que de prosperar el recurso, «estaríamos enviando a sus casas a violadores de DD.HH, autores de femicidios, de narcotráfico. El legislador puede y debe establecer excepciones»

Junto con esto, hizo ver casos de mujeres que se encuentran reclusas junto a sus hijos, quienes se encuentran en «precarias condiciones carcelarias y graves condiciones de hacinamiento. E incluso, en algunos casos, según el INDH, condiciones infrahumanas».

Julia Urquieta, en representación del PC, advirtió que «una vez más vemos como la derecha, cuando no es capaz de obtener a través de las mayorías su objetivo -ni siquiera logró convencer a su gobierno- utiliza al TC, que se ha convertido en un 4º poder».

En tanto, en defensa del recurso, expuso Fernando Uribe, en representación del Cuerpo de generales y almirantes en retiro: «acá lo que se busca es que personas que están cumpliendo penas puedan cumplir su condena en sus casas u hospitales». Uribe remarcó que lo que se busca es que el «derecho a la vida» de los reclusos «permanezca igual que el de todos los chilenos».