La Nueva República, El Estado Solidario y la Nueva Constitución.

Por. Eduardo Salas Cerda. Abogado DDHH.

LA REPÚBLICA

Los acontecimientos que la sociedad chilena ha vivido en los últimos meses, al fin de la segunda década del siglo XXI, nos han puesto en un momento constitucional y republicano indispensable.

Después de la pre república que impulsaron los criollos y clases dirigentes en la Independencia se buscó una solución que trajera el orden y la estabilidad en el Estado. Un Estado precario que Portales y Montt terminaron por consolidar. Obviamente pensado en una sociedad oligárquica que respiraba algo de democracia pero que tenía que cuidar sus más queridos intereses.

Eso se logró, de alguna forma con la Constitución de 1833 que deja atrás sueños dictatoriales de algunos e ideas muy liberales de otros. No había nada que representara algo así como algún ideal igualitario que incluyera a las clases de chilenos pobres producto de mezclas de 300 AÑOS. Menos aún serían parte de esto los pueblos indígenas.

Así, nace nuestra primera república que impone el orden y hay que reconocer el carácter republicano, nacional y de progreso de algunos presidentes como Manuel Montt y Balmaceda.

La oligarquía liberal no estaría tranquila. Así, provocaron dos guerras civiles a Montt, en la segunda surge, del liberalismo, el partido radical que después nos hablará con fuerza ya en el siglo XX. Pero, no adelantemos las cosas.

Los liberales, los conservadores, los nacionales, todos enfrentan a Balmaceda y le dan un duro golpe en la guerra civil de 1991. Se produce el debilitamiento constitucional, pasando por ensayos parlamentarios y otras vicisitudes hasta que se instala la Constitución de 1925 que acompaña esta vez a una segunda República.

Hasta allí todavía eran tan sólo las clases altas, con una escasísima clase media o más bien aspiracional, la que decide todo acerca del Estado. «Martín Rivas» es una novela que ilustra muy bien esa época.

Decíamos, que a partir de 1925 se puede hablar de una segunda República, ya no autoritaria, obligada a reconocer la cuestión social. Habían ya estrenado las mancomunales obreras en el norte, justo en los territorios que Chile había ganado en la llamada «Guerra del Pacífico». Su origen y desarrollo es ya harina de otro costal.

Desde 1925 la sociedad chilena vive un proceso de tránsito de lo rural hacia lo urbano, una incipiente industrialización y una democracia que cada día exige más a los gobernantes que ya no sólo deben representar y asegurar los intereses de las clases altas.

Entonces, aparece una clase media más gravitante, los sectores populares crecen en sus niveles de conciencia política. Los gobiernos radicales intentan sostener el proceso, hacen lo suyo y sin duda que hay que relevar a Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos. Sin embargo, se vuelven administradores del statu quo y por eso son reemplazados, podríamos decir que también por agotamiento.

En los 60 del siglo XX aparecen en el escenario político y social los cristiano demócratas que hacen un gobierno de cambios como la reforma agraria y la promoción popular. En un Chile, todavía con mucha pobreza y carencias culturales y económicas, se inicia un proceso de cambios sociales profundos, donde los protagonistas de la historia de Chile pasan a ser las capas medias y populares. Eso Allende intenta profundizarlo. La historia es conocida, colapsa, entonces, esa democracia y con ello toda la república iniciada con la Constitución del 25 y se produce un golpe militar que instala una dictadura. Así, se detiene el proceso de cambios sociales. Se ejecuta una especie de revolución regresiva y se instala un orden económico y social dictatorial y neoliberal.

Todo ello se consagra en la constitución de 1980 que expresa ya una tercera República, inspirada en el principio de subsidiariedad, que no es otra cosa que grandes limitaciones para que el Estado actúe en las áreas económicas y sociales (el período vivido entre 1964 y 1973 produjo en la derecha y la oligarquía una gran aversión contra el Estado).

El modelo de esta tercera República expresada en la Constitución de 1980, con escasas correcciones de fondo, se mantiene durante 40 años, las dos últimas décadas del siglo pasado y las dos primeras del presente.

EL ESTADO SOLIDARIO

El 18 de octubre de 2019 y estos meses nos invitan a pensar la historia en toda su dimensión y este artículo pretende, en parte, hacerse cargo de ello. Por eso es necesario anunciar también algo y no quedarse en el mero relato, por cierto intencionado, de lo que nos ha ocurrido.

Entonces podemos anunciar una Cuarta República con, obvio, una Nueva Constitución que corrija y complete un proceso, todavía muy pendiente, de conquistas políticas y sociales para las grandes y diversas clases medias y populares de Chile.

Una nueva República y nueva Constitución que definitivamente termine con lo que ha sido la democracia oligárquica y que reconozca que un estatismo desmedido es ineficaz, así como lo es el mercado concentrador, abusivo y cruel que hemos sufrido.

Queremos, todo el Estado que sea necesario para proteger y cuidar a la sociedad y las personas que la componen. Por ello aspiramos a Un Estado Solidario que actúa directamente en las áreas económicas estratégicas del país y que interviene en las áreas sociales haciéndose cargo de asegurar y garantizar, constitucionalmente, los derechos sociales de todos los que habitan Chile, sus regiones, provincias y comunas.

LA DEMOCRACIA PROFUNDA

La cuarta y nueva República, junto con profundizar la democracia en lo social y así obtener el desarrollo integral de las personas y sus comunidades, debe también profundizar la democracia representativa, cambiando el régimen político para un mayor equilibrio de los poderes del Estado.

Un régimen semi presidencial y un congreso unicameral pueden permitirle un nuevo aire a la representación, pero no es suficiente. Debemos institucionalizar la democracia deliberativa y participativa, mediante Plebiscitos obligatorios para las áreas estratégicas del país y de sus regiones, provincias y comunas. Hay que consagrar en la nueva Constitución la iniciativa popular de ley y establecer que la República de Chile es democrática y que la democracia se ejerce con la soberanía popular.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ESTADO REGIONAL

No menos importante en la nueva República es la superación de dos asuntos que no hemos resuelto y que son una exigencia sustancial para los nuevos tiempos. Por un lado los derechos de los pueblos indígenas que forman la sociedad de Chile, no sólo su reconocimiento constitucional como pueblos, culturas y tradiciones que constituyen la sociedad chilena, sino que en el capítulo de derechos deben estar protegidos sus derechos, políticos, culturales y territoriales.

Por otra parte, Chile debe dejar de ser un Estado meramente Unitario y descentralizado tan débilmente. Debe pasar a ser un Estado Regional y descentralizado, política y económicamente en las provincias y comunas.

La nueva Constitución debe establecer que Chile es un Estado Regional, es decir fundado en sus regiones que se gobiernan administrativa, política y económicamente de manera descentralizada y que ese mismo gobierno debe darse en las provincias y comunas. Todo bajo la coordinación y dirección de un gobierno central que respeta y promueve la autonomía relativa de los componentes de la división política y administrativa del territorio.

Este es un momento constitucional realmente democrático que está viviendo nuestro país. Es un imperativo hacernos cargo de ello.