Crisis y oportunidad: repensar la institucionalidad de Carabineros

Por. Claudia Carvajal G.

Hasta el 2017, Carabineros de Chile era, según las encuestas, una de las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía. El fraude por casi 30 mil millones de pesos, la Operación Huracán, el homicidio de Camilo Catrillanca y el actuar policial durante estas semanas de movilizaciones sociales, han llevado a los expertos a alzar la voz para pedir una reforma en las fuerzas de orden y seguridad.

Una rápida búsqueda en el motor Google sobre Carabineros lleva a múltiples noticias sobre abusos policiales, montajes, denuncias contra la institución e incumplimiento de normas de parte de funcionarios, excesos en la aplicación de la fuerza y violaciones a los derechos humanos.

Hasta el 2017, Carabineros era una de las instituciones con mejor evaluación ciudadana y alcanzó niveles de casi un 60 por ciento de aprobación y, según Cadem, niveles de un 77% de confianza. Solo dos meses después de alcanzar tal número, en marzo de 2017, la cifra cayó doce puntos luego que el entonces General Director, Bruno Villalobos, reconociera en conferencia de prensa que la institución estaba siendo investigada por un fraude que ya va en los treinta mil millones de pesos.

Bajo el lema “Orden y Patria”,  fue el gobierno de facto del coronel Carlos Ibáñez del Campo el que unificó las policías fiscales y comunales, de carácter urbano, con el Cuerpo de los Carabineros del Ejército, que actuaban como gendarmería rural, y da origen a Carabineros Chile como fuerza policial de carácter militar, con jurisdicción en todo el país. Tal decisión fue altamente criticada por las élites de la época que vieron en este nuevo cuerpo militarizado, una suerte de guardia pretoriana de Ibáñez.

Ese mismo origen, es el según el análisis de  Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, el que ha determinado todo el desarrollo en las actuaciones de la policía uniformada chilena. “Es importante mirar su origen, durante un gobierno de facto, en un periodo histórico marcado por los Golpes de Estado y por el peso de los militares en el devenir del país y por tanto, crear una fuerza policial militarizada no es cualquier cosa en ese contexto y no lo será tampoco durante la dictadura, con la creación del OS7 en 1973 y en 1979, con el GOPE. No es casual que se traspase esta fuerza al Ministerio de Defensa y que eso se haya mantenido tantos años desde el retorno a la democracia, es algo sintomático, por eso, tener a la vista estos elementos de carácter histórico son sumamente importantes para entender la lógica institucional”, señala la experta.

Fue en enero del 2018 cuando un verdadero huracán azotó a la institución tras develarse la manipulación de pruebas que habría efectuado la DIPOLCAR en orden a imputar a ocho comuneros mapuche por el delito de asociación ilícita terrorista  lo que se transformó en un escándalo mayúsculo que obligó a llevar a cabo una importante re estructuración en el alto mando de la institución policial, incluyendo la salida de una quincena de generales y la disolución del área de inteligencia de Carabineros.

Sin embargo no sería ese el punto más bajo de la policía uniformada, pues hace casi exactamente un año atrás, un grupo de efectivos de Fuerzas Especiales del llamado “Comando Jungla” mató de un balazo al comunero mapuche Camilo Catrillanca, generando repudio transversal en la sociedad chilena e incluso a nivel internacional lo que motivó que Naciones Unidas exhortara al Gobierno de Chile “a realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre el hecho, y agotar todos los recursos necesarios para dar con los responsables”. Pero fueron las protestas y movilizaciones sociales iniciadas en Santiago el 18 de octubre, y que luego se desarrollaron en todo el país, las que revelaron un comportamiento extremadamente represivo de Carabineros de Chile y la institución se encuentra hoy severamente cuestionada por la sociedad.

Daniel Chernilo, Doctor en Sociología y Director del Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas de la Universidad Adolfo Ibañez, explica el rol que cumple la confianza entre una sociedad y la policía encargada de la seguridad. “La violencia es un dato básico de cualquier sociedad, no hay sociedad que se organice sin violencia y por eso el Estado tiene un rol tan importante. Una función fundamental del Estado es la organización de la violencia, el uso legítimo de ella, por eso es que la gran mayoría de los Estados decide que cuando se trata de seguridad interna, se delega esa función en un cuerpo específico, la policía, porque es un tema delicado pero central de la vida y el Estado. Por ello es que el vínculo entre la policía y la sociedad civil es uno que debe estar construido sobre la base de la confianza, entonces es un vínculo literalmente imposible, justamente porque la función policial requiere un contacto más profundo entre las policías y las comunidades.

Mi impresión es que, posiblemente por razones históricas y de formación de carabineros, ese vínculo es muy débil. pero al mismo tiempo hay cosas simbólicas que van permeando en la imaginación colectiva que hacen de esa confianza una cuestión complicada en las últimas semanas”.

Alejandra Mohor explica que lo que hemos visto en este mes de movilizaciones es simplemente la transversalización de un comportamiento represivo histórico que no se había evidenciado debido a que se había dirigido hacia grupos específicos. “Estos patrones de conducta de Carabineros los hemos visto en otras manifestaciones sociales, al punto que hace algunos años el INDH señaló que los carabineros actuaban de manera desmedida en la represión del movimiento social lo que provocó la defensa de parte del Gobierno a la labor policial. Cuando las encuestas hablaban de respeto hacia la institución, en realidad para un sector de la sociedad no era respeto,  sino que era miedo, porque cuando se respeta una institución porque se le considera legítima moralmente es muy distinto a cuando se respeta cuando se le tiene miedo. Estos sectores sociales han dejado de ser invisibles y se ha generado una empatía colectiva con quienes estuvieron tradicionalmente marginados y se les ha acompañado en este reaparecer. Mientras, Carabineros ha transversalizado las actuaciones que veíamos remitidas a grupos más bien pequeños y específicos,  al conjunto de la sociedad que sale a expresar este malestar. Claramente lo que vemos es que este sentir antiguo de ciertos sectores ahora es transversal”.

En ese mismo sentido se manifiesta la directora de Espacio Público, Lucía Dammert. “Hay una paradoja en que la gente que más necesita la presencia policial y que había tenido contacto con la policía es la que menos confía en sus labores. Por otro lado, Carabineros era mucho mejor evaluado por todas aquellas cosas que no tiene que ver con su función principal, ya sea el tránsito o las respuestas ante catástrofes naturales, pero en cuanto al control y prevención del delito en los últimos años se les ha evaluado mal. Lo que vemos ahora es que se transversaliza una percepción de la policía abusadora y eso es una mala noticia no solo para la institución, sino para la democracia en sí misma, porque la policía no es nada más y nada menos que el representante del Estado”.

Para Alejandra Mohor el primer punto a tener en cuenta al momento de considerar una reforma a la policía uniformada es qué tipo de institución necesitamos, qué clase de prevención queremos que haga y  a qué estaría orientada. “Necesitamos una institución que nos proteja, que sea democrática. No es posible tener una policía que distinga escalafones a los que accede cierto sector de la población: clase media baja va a tener como tope los suboficiales, mientras que aquellos de tradición y mayores ingresos van a seguir siendo oficiales. Eso no es democrático. Necesitamos una policía mandatada a la protección de los ciudadanos, democrática con un único escalafón donde la posibilidad de hacer carrera esté sustentada en las capacidades, competencias y en los méritos de cada funcionario.

Necesitamos una institución policial que tenga una efectiva sujeción al poder civil y no una mera sujeción administrativa como lo vemos hoy”.

Según Mohor , Chile requiere un cambio en el eje policial que se oriente a brindar protección y no al mantenimiento del orden y la seguridad, ya que ello tiene un marcado carácter represivo y de control. “Lo que necesitamos son policías preventivas que sean capaces de acercarse a la comunidad y que sea la protección a ésta sea lo que motive sus acciones“, asevera. Los ingredientes necesarios para tener una reforma sustentable y ‘exitosa’ implican en primer lugar entender que esto es con la policía y no contra la policía. Se requiere construir los mecanismos de confianza con el mando, pero también con los suboficiales para buscar liderazgos positivos. Como segundo punto hay que considerar que esta jamás puede ser una reforma total, sino por etapas. Tercero, una reforma debe tener un liderazgo político del más alto nivel, es decir, no puede depender de un jefe de división o de una comisión general, sino que debe tener el apoyo del presidente y un acuerdo más transversal de los partidos políticos, porque no habrá reforma que dure menos de cuatro o seis años, es decir, involucra necesariamente a dos gobiernos.

Cuarto, debe ir de la mano la parte operacional con la formativa institucional. No solamente pensar como carabineros trabaja en la calle, sino también cómo se organiza la institución. El quinto elemento es la apertura y tener mayores niveles de transparencia y de control y revisión por parte de la ciudadanía y el mundo externo. No puede ser reformas hechas entre cuatro paredes y en las que no se transparenten los datos”, concluye la Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Leiden.

En un momento histórico en que la sociedad chilena se plantea un nuevo pacto social, la idea de una policía, profesional y desmilitarizada que reencuentre el vínculo de confianza ciudadana también forma parte de las labores a llevar a cabo. Es una tarea de largo aliento, como lo será, en general, el repensar nuestro país.