Carabineros: Las torturas cometidas por la banda del mayor Arzola

Por Leslie Ayala C.

Catorce carabineros de la 21° Comisaría, liderados por Francisco Arzola -conocido en Estación Central como “el paco nazi”- están imputados por infligir apremios a comerciantes, taxistas y estudiantes de la zona. Pese a la gravedad de los hechos, la mayoría sigue activo, aunque la propia institución los sindica como autores de delitos de lesa humanidad.

Con una botella de agua entre las manos, el teniente Carlos Leal Aqueveque salió a inspeccionar qué estaba ocurriendo en el patio de la 21ª Comisaría de Estación Central, en la intersección de las avenidas Ecuador y General Velásquez. Allí vio al taxista N.L.P.C. esposado y de rodillas, con la cara y el cuerpo manchados con hematomas. Leal observó al detenido y le vació la botella sobre la cabeza. De repente, N.L.P.C. divisó al jefe del recinto policial, el capitán Cristián Almudena, y logró sacar un grito de auxilio, a pesar del dolor en las costillas: “¡Ayúdeme, unos carabineros me están pegando!”. El capitán lo miró, hizo una pausa y continuó su camino.

Dos horas antes, ese 8 de febrero de 2017, a la altura del N°3644 de la Alameda, Leal le había intentado cursar una infracción por Ley de Tránsito, por supuestamente detenerse en un lugar prohibido. N.L.P.C. sacó su celular y lo puso en el bolsillo de su camisa para grabar el procedimiento. El suboficial Luis Núñez, uno de los dos uniformados que acompañaban a Leal en la patrulla, detectó la maniobra y lo acusó, lo que provocó la ira del resto. Los carabineros decidieron llevarlo detenido. Uno de los uniformados intentó quitarle el teléfono, sin embargo, el chofer -que mide 1,92- se resistió y tiró un manotazo que impactó en el rostro a Núñez. Este se tomaría revancha en una pequeña sala de la comisaría que no cuenta con cámaras, donde le dio una paliza junto a su compañera, la suboficial Francisca Burgos.

“A un subteniente no se le pega, guatón asqueroso”, le advirtieron, antes de golpearlo con sus bastones. Ese sería apenas el primer castigo; aún faltaba el de su teniente.

Carlos Leal siguió pidiendo la clave para acceder al celular del taxista. Se sentía suficientemente empoderado para hacerlo. Era reconocido como el heredero del liderazgo que, meses antes, había dejado vacante Francisco Javier Arzola Ruiz, conocido por los comerciantes de Estación Central como “el paco nazi”. Como no hubo respuesta positiva, el teniente desenfundó su pistola y miró fijo a N.L.P.C.: “Tengo 25 años y soy teniente, vos, guatón culiao, soi un pobre taxista”. Le apuntó directamente en la cabeza e hizo pasar la bala por la recámara del arma. “¡Si quiero te mato y no me va a pasar nada, nunca vai a poder contra un oficial de Carabineros!”, le gritó. Luego hizo un sonido similar al de un balazo: “¡Pum!”. N.L.P.C. cerró los ojos y se defecó en los pantalones. Leal comenzó a reírse de la reacción de su víctima.

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha acreditado 10 incidentes similares al de N.L.P.C. en crudeza y violencia. Todos estos hechos fueron investigados y formalizados por el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Francisco Ledezma. Los casos develaron un modo de operar de carabineros al interior de la 21ª Comisaría y las víctimas -comerciantes ambulantes, estudiantes, lustrabotas y el taxista- se fueron multiplicando a medida que avanzaba la investigación, que había empezado en marzo de 2017, cuando la fiscal Tania Sironvalle detuvo al que es sindicado como “jefe” de esta banda, el mayor Francisco Javier Arzola, conocido también como “el paco nazi”. Para el Servicio Médico Legal (SML), que ha analizado los antecedentes, la actuación de Leal fue calificada como “una tortura”, es decir, “un delito de lesa humanidad”.

“La lacra del comercio ambulante”

Aún afectada por los apremios de Carabineros, una víctima le pidió al tribunal que se aislara a los imputados mediante un biombo. Dijo que era incapaz, hasta el día de hoy, de volver a ver sus rostros. Arzola escuchó el testimonio atento, buscó a su familia y amigos con la mirada y comenzó a hacer gestos de burla, pese a que la declaración describía los mismos actos por los cuales la fiscalía lo persigue.

Arzola camina libre por el Centro de Justicia. Aunque arriesga un total de 15 años de cárcel, no está preso como los otros acusados que enfrentan a la justicia. Hace 10 meses, Arzola fue liberado por la Corte de Apelaciones de Santiago tras una polémica resolución. Por dos votos contra uno, el tribunal superior estimó que su libertad no era un peligro para la sociedad. Los ministros Juan Muñoz y Jorge Zepeda establecieron que el mayor -entonces formalizado por apremios ilegítimos y detenciones ilegales- no podía seguir preso por una actuación que ellos calificaron como “celo desmedido y exagerado en el cumplimiento de su deber policial, para erradicar la lacra que constituye el comercio ambulante ilegal”. Las circunstancias de Arzola, sin embargo, podrían cambiar en los próximos días. Junto al suboficial Rodrigo Muñoz Cid, está acusado de cometer apremios ilegítimos en contra de vendedores ambulantes que transitan por la Plaza Argentina, en Estación Central.

Se le atribuyen una serie de golpizas y detenciones ilegales. En una oportunidad, según cuentan las propias víctimas a los jueces, golpeó tanto a un sujeto que le sacó de cuajo uno de sus dientes.

Durante la audiencia del martes 27, una mujer sostuvo que después de ser detenida, fue subida a un bus de Carabineros y al interior Arzola la golpeó y azotó contra las paredes; fue tan grande la golpiza -relató- que el mayor le arrancó con sus manos un mechón completo de su cabello, lo que le generó un sangramiento. “Yo soy ‘el nazi’, pa’ que te acordís de mí toda la vida”, le habría dicho. Al igual que Carlos Leal -considerado su “discípulo” en la 21ª Comisaría-, Arzola usó su arma de fuego para intimidar a una de las víctimas, apretar el gatillo con la pistola apoyada en la cabeza del detenido.

Pese a no contar con condenas, esta no es la primera vez que Arzola se vincula a un caso judicial. Esta semana, un detective declaró ante el tribunal que el mayor de Carabineros era conductor de una de las patrullas involucradas en el caso de José Huenante, joven de 16 años y de origen mapuche cuyo rastro se perdió el 3 de septiembre de 2005, en medio de un procedimiento policial en Puerto Montt y que es considerado el primer detenido desaparecido en democracia.

Testigo clave

Tras ser detenido por orden de la fiscal Sironvalle en marzo de 2017, Arzola estuvo preso siete meses. Carabineros hizo un sumario y lo sobreseyó. Según su propio testimonio, terminó sus días en la institución, en la 49ª Comisaría de Quilicura. Luego de 30 años de carrera, cursó su retiro y en la actualidad recibe su pensión completa.

En la 21ª Comisaría de Estación Central todavía es recordado y respetado por sus pares. Algunos comentan que es injusto que haya terminado su carrera de esa forma, preso por “hacer su labor”. Sin embargo, agradecen que la institución haya estado a la altura y lo haya exculpado en la investigación interna. “Total, la misma corte lo dijo, el Pancho estaba cumpliendo con su labor y el comercio ambulante es un problema, sobre todo porque son los extranjeros los que tienen infectada Estación Central, si ya no se puede ni caminar”, dice uno de sus amigos a modo de defensa.

El apodo de “el nazi” le gustaba a Arzola. Cuando se paseaba por la Plaza Argentina, dicen quienes lo conocieron, infundía respeto y ningún comerciante ilegal aparecía. Tenía un tema con los extranjeros, pero no solo él, sino también sus seguidores en la comisaría. Así lo relata un testigo protegido que fue clave para desbaratar esta banda, de acuerdo con el fiscal Ledezma.

“Pasaban detenidas a las personas que les pegaban cargándoles (el porte de) un arma blanca”, declaró el testigo. Esta información era luego anotada en partes policiales que hoy, según el Ministerio Público, son ideológicamente falsos.

Cuando algún detenido resultaba con múltiples lesiones que eran difíciles de explicar ante la fiscalía o el tribunal, los carabineros negaban su presencia en la comisaría, incluso ante las consultas de su familia. Posteriormente, los soltaban, sin dejar registro de su aprehensión. “Son muy violentos con los ambulantes y les pegan a personas que saben que pueden pegarles, principalmente a los ambulantes, menores de edad y a los extranjeros”, aseguró el testigo protegido.

Su testimonio también reveló a la fiscalía que en la comisaría había una sala de “procedimientos” que era ocupada por los imputados para las “sesiones de tortura”. En algunas ocasiones, aparte de las golpizas, los imputados ocuparon a los perros para intimidar a sus víctimas, adiestrándolos para mordEl comerciante J.R.U., una de las víctimas, había grabado con su celular uno de estos procedimientos de la policía y fue a denunciarlos a la misma comisaría, el 8 de diciembre del año pasado. Su idea era presentar un reclamo. Lo que recibió de vuelta fue una brutal golpiza, que finalizó cuando uno de los perros fue azuzado para morderle el tobillo. Esta secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad del recinto policial, que fueron incautadas y que hoy están en manos de la fiscalía.

El fiscal de Alta Complejidad Francisco Ledezma sostuvo a La Tercera que en esta investigación se pudieron detectar dos situaciones particularmente graves: “La primera es que se acreditaron agresiones de gran magnitud por parte de carabineros a las víctimas, cuando estas ya estaban detenidas en dependencias policiales, sin capacidad ni posibilidad de resistirse ni oponerse a ninguna acción de los policías. La segunda es que en algunos de los hechos investigados ni siquiera se dio cuenta de un procedimiento policial de detención a la fiscalía y, en otros, derechamente se falsificaron antecedentes para justificar las detenciones o agravar la situación procesal penal de los detenidos”.

Para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las acciones de tortura por parte de la policía se están haciendo más cotidianas y reiteradas de forma preocupante. El abogado Daniel Cárdenas sostuvo que solo en la Región Metropolitana se han registrado 100 casos . “Lo que pasó en la 21ª Comisaría da cuenta de una dinámica en que participan funcionarios de Carabineros de todos los niveles de mando que no solo cometen delitos, sino que, además, aseguran su impunidad”.

“Actos de servicio”

El 23 de julio fue una jornada especialmente complicada para Carabineros. Ese día, la Fiscalía Centro Norte, por una parte, y la Fiscalía Sur, por otra, formalizaron investigaciones en contra de 14 miembros de la policía uniformada. Los primeros 12 -todos de la 21ª Comisaría de Estación Central- fueron imputados por torturas, detenciones ilegales, falsificación de partes policiales y obstrucción a la investigación. Los otros dos, de la 39ª Comisaría de El Bosque y de la 12ª Comisaría de San Miguel, fueron formalizados por robo con intimidación.er en las extremidades a los detenidos.

Todos actualmente enfrentan procesos ante la justicia, aunque el futuro del primer y segundo grupo se ve muy distinto. Ese mismo día, el Alto Mando de Carabineros cursó la baja de los dos policías acusados de ser ladrones, mientras que a los que son investigados por una serie de apremios ilegítimos y golpizas permanecen activos hasta el día de hoy. Es más, algunos de ellos, tras ser interrogados ante el fiscal Ledezma, en el Centro de Justicia de Santiago, retornaron después a sus labores como carabineros. Incluso, el capitán Almuna -quien no prestó auxilio a N.L.P.C.- actualmente es comisario en la 47ª Comisaría de Pudahuel. Solo tres de ellos, los oficiales Carlos Leal Aqueveque, Carlos Calderón Ortega y Camilo Vásquez Masman permanecen hasta el día de hoy en prisión preventiva. Los carabineros imputados por tortura, además, fueron representados en la audiencia de formalización por abogados que paga la propia institución. ¿Por qué es distinto el criterio de Carabineros ante delitos de igual gravedad según el Código Penal?

Desde Carabineros explicaron que “la institución realiza sumarios administrativos para determinar las responsabilidades individuales cuando se investiga un hecho. Posterior a ello, y conforme al mérito de las investigaciones, se aplican las medidas que corresponden. Estas son paralelas a la investigación penal”. En ese sentido, aclararon, “en el caso de la 21ª Comisaría, la investigación está en desarrollo. En tanto, en la situación que afectó a los dos funcionarios de la Prefectura Sur, las pruebas fueron concluyentes e inmediatas”. Esto, pese a que el propio Departamento de Asuntos Internos de Carabineros ha realizado peritajes y emitido informes que dan cuenta de la responsabilidad y autoría de los imputados en el delito de torturas.